SERGIO SARITA VALDEZ
Cuatrocientos años han ya transcurrido desde que saliera a la luz pública la obra cumbre de Miguel de Cervantes, “Don Quijote de la Mancha”, libro considerado como un clásico de las letras españolas. Cuatro siglos representan unas 16 generaciones si establecemos en veinticinco años el período de tiempo que marca un cambio generacional.

Y precisamente hace ahora cinco lustros que iniciamos en la República Dominicana una intensa, persistente y tenaz lucha por establecer un Instituto Nacional de Patología Forense, quizás, en ese entonces con una visión futurista más quijotesca que realista. En la primera mitad de la década de los ochenta del recién pasado siglo la insistente batalla se libraba, paradójicamente, contra el gobierno del Partido Revolucionario Dominicano, cuyo presidente fue quien en 1980, siendo senador por el Distrito Nacional propusiera la ley 136 sobre autopsia medicolegal.

A partir de 1986 hubimos de enfrentar al régimen del doctor Balaguer, a quien logramos arrancarle el decreto 58-89 que creó el Instituto Nacional de Patología Forense. El funcionamiento de dicho instituto permitiría situar al país en la coordenada de naciones que llevaban a cabo peritajes medicolegales con bases científicas sólidas que ayudaban a establecer, fuera de toda duda médica razonable, las verdaderas circunstancias en que acontecían las muertes violentas, así como la identidad de las víctimas, el tiempo del deceso y las causas que habían dado al traste con la vida de la persona.

No fue sino con el ascenso al poder del Partido de la Liberación Dominicana cuando pudimos acceder al control de la política de desarrollo de la patología forense nacional. Grandes fueron los pasos de avance que se dieron durante ese período de gobierno. Por ejemplo se instituyó el servicio de autopsia los siete días de la semana, labor que anteriormente solamente se llevaba a cabo de lunes a viernes, con la nota paradójica de que el mayor número de muertes violentas ocurrían durante los fines de semana. Se creó la Residencia de Medicina Forense con la finalidad de proveerle a la sociedad de recursos humanos capacitados a nivel nacional.

Se adquirió una ambulancia para recoger los cadáveres en la calle y salir a realizar las exhumaciones en los lugares que la situación así lo demandara. Fueron instaladas plantas eléctricas de emergencia para garantizar la continua refrigeración de los cadáveres y evitar de ese modo su descomposición prematura. Se dotó al Instituto de modernas computadoras eliminando las obsoletas máquinas de escribir. Fue instalado un valioso equipo de rayos X para los estudios radiológicos forenses. Se creó un Centro de Atención al Niño y a la Mujer Maltratada a fin de prestar la asistencia oportuna y digna a las victimas de la violencia doméstica.

Aumentamos la calidad de los informes de autopsia mediante la realización de estudios serológicos, toxicológicos ampliados, bacteriológicos y antropológicos. La higiene, organización y eficiencia en el servicio fueron la norma durante esos cuatros años de gestión. Bastó solamente el cuatrienio siguiente que correspondió al gobierno perredeísta-pepehachista  para que todos aquellos avances se vinieran abajo cual terremoto devastador, esfumándose, de paso, toda la infraestructura física que habíamos dejado instalada en agosto 2000.

Al responsabilizarnos nueva vez del Instituto Nacional de Patología Forense en septiembre 2004 nos encontramos con un descalabro total. La pestilencia, el desorden, atraso y desmoralización en el trabajo eran la regla. Más de un año ha costado revertir la situación medico-forense a los niveles dejados en agosto de 2000. Con sus altibajos seguimos luchando por retomar las sendas del progreso y la modernidad forense. Es bastante el trecho que hace falta andar. Lo que sí debemos evitar a toda costa es que ocurra un desvío peligroso en la trayectoria hacia un crecimiento juicioso de la Medicina Legal. Negros nubarrones se ciernen sobre el cielo forense dominicano en lo inmediato; sin embargo, creemos que la sensatez se impondrá, consiguiendo que no se produzca el anunciado desvío de la ruta correcta. Sabemos que se gesta un parto prematuro el cual amenaza con ser un natimuerto forense.

Ojalá se nos haga caso y se permita que el feto alcance los nueve meses reglamentarios para que el niño nazca con un peso y índice neonatal Abogar adecuadamente para que se pueda criar y dar en el porvenir los frutos esperados por la Justicia Dominicana.

Hechas pues estas prevenciones, como diría Cervantes,  me permito copiar textualmente el primer párrafo del capítulo dos del Quijote que narra las peripecias de la primera salida del héroe: “Hechas, pues, estas prevenciones, no quiso aguardar más tiempo a poner en efecto su pensamiento, aprestándole a ello la falta que él pensaba que hacía en el mundo su tardanza, según eran los agravios que pensaba deshacer, entuertos que enderezar, sinrazones que enmendar y abusos que mejorar y deudas que satisfacer”.