JOSÉ BÁEZ GUERRERO
Un grupo significativo de importantes empresas dominicanas viene sufriendo desde 2001 los efectos de la competencia desleal que ha significado el mal uso de “incentivos” consignados por la Ley 28-01 para estimular inversiones en provincias fronterizas y otras aledañas. Estos abusos en el pasado incluyeron la importación de productos semi-terminados disfrazados como materia prima, exonerados de aranceles o impuestos, y la absurda pretensión de evadir el pago del ITBIS, que sale del bolsillo del consumidor y no del fabricante. Una modificación a esta ley realizada hace unos años pretendía corregir las “distorsiones”. Pero al parecer éstas siguen.

Publicaciones logradas con relacionistas empeñados en defender la controversial legislación, revelan que apenas tres docenas de empresas están instaladas, de 134 aprobadas desde 2001 por la Comisión Coordinadora de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo. Un diario reseñó que “apenas 36 se han establecido. El reducido número de empresas movilizó una inversión de US$140 millones”. Dizque se han creado 4,500 empleos, pero la cifra es dudosa, pues la mayor de todas esas empresas, un molino de clínker instalado en Pedernales, tiene apenas un par de centenares de empleados, incluyendo a los obreros de un contratista que instala una ampliación para convertir esa empresa en una real fábrica de cemento, con un pequeño horno.

¿Si en la principal de todas las empresas “fronterizas”, donde está concentrada la mayor parte de esos US$140 millones invertidos, apenas hay un par de centenares de empleados, dónde están los otros 4,300? La pregunta es pertinente porque hay que ver el real beneficio al país que representa el inmenso sacrificio fiscal a cambio de una inversión pequeñita y un puñado de empleos. Otras de las “grandes” empresas acogidas a esta ley, una refresquera en Santiago Rodríguez, a pocos minutos de Santiago de los Caballeros, cuenta con apenas ciento y pico de empleados.

Una reciente publicación, paradójicamente en defensa de la 28-01, admite que “se han intentado operaciones fraudulentas”. Luego atribuye a “presiones de grupos empresariales que se oponen a la aplicación de incentivos para el desarrollo fronterizo, porque lo ven como una competencia desleal”, el interés del gobierno “para que se derogue este instrumento legal”. Pero pasa a recordar que empresas acogidas a esa ley fueron clausuradas, multadas o intervenidas, por evasiones fiscales, contrabando, y otras irregularidades. De hecho, el único funcionario del actual gobierno condenado por corrupción fue uno ligado a la aplicación de la Ley 28-01 que pretendió una exacción inconsultamente a nombre del director de Aduanas para permitir un contrabando.

Si bien la intención de los legisladores que promovieron la 28-01 fue indudablemente positiva, y también resulta innegable la necesidad de que el Estado vaya en auxilio de las menguantes poblaciones de la frontera, el efecto neto de la Ley 28-01 difícilmente puede calificarse como beneficioso para el país, y quizás ni siquiera para las propias provincias que se buscaba beneficiar.

Talvez los mayores beneficiarios han sido cinco o seis empresarios que defienden sus privilegios con uñas y dientes, escudados en el espejismo de la pobreza secular de la zona fronteriza, y sus contratistas locales, que en aras de defender lo injustificable publican y mandan a publicar, por los vericuetos más insospechados, tontas loas a una ley cuestionable y controversial. Los supuestos US$140 millones invertidos dan para eso…

Todas las empresas afectadas negativamente por la 28-01 generan cientos o miles de veces más empleos, pagan millones de veces más impuestos, aranceles y tributos, y contribuyen de manera más sana y transparente al progreso y la riqueza nacional, que los pocos chinchorros fronterizos más exitosos. El Gobierno merece apoyo para terminar esta nefasta farsa y derogar la 28-01.