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PUERTO PRÍNCIPE (EFE).- Las autoridades haitianas destituyeron ayer de sus puestos a los máximos responsables de la Prisión Central de Puerto Príncipe, de la cual se fugaron el sábado unos 1.500 presos, de los cuales 480 siguen prófugos.
El director de la prisión, el comisario Sony Marcellus, fue reemplazado por el comisario Spady Dominique Voltaire, mientras que el director de la Administración Penitencial Nacional, el comisario Claude Eugéne Theodate Jr, fue sustituido por el comisario Wilkens Pierre.
Las destituciones se producen después de que la fuga masiva causara una gran conmoción entre la clase política del país, ya que entre los huidos se encuentran tanto criminales peligrosos como líderes opositores al gobierno interino del primer ministro, Gérard Latortue, y partidarios del depuesto presidente Jean-Bertrand Aristide, exiliado en Suráfrica desde hace casi un año.
El asalto a la prisión fue ejecutado por un grupo de hombres armados que llegaron en dos vehículos en el momento en que se estaba realizando la visita de los familiares de los presos, y durante la acción murió un vigilante penitenciario. El Gobierno desconoce, por el momento, si el asalto tenía como objetivo la liberación de los que fueran miembros del Gobierno de Arsitide.
Se teme que tanto los criminales como los opositores políticos se sumen a los grupos violentos que dificultan la situación en un país, donde se espera celebrar elecciones democráticas antes de que acabe el año bajo la supervisión de la Misión de la ONU para la Estabilización de Haití (MINUSTAH).
El ex alcalde de la capital Evans Paul, del partido Convención Unidad Democrática, informó hoy de que una docena de partidos de diversas tendencias y organizaciones de varios sectores económicos y sociales se están reuniendo para elaborar un plan de acción o adoptar una posición común sobre la situación.
«El gobierno debe ofrecer una explicación clara a la población», declaró a la prensa Paul, quien calificó la situación de «extremadamente grave».
El ex alcalde manifestó que «estos acontecimientos desacreditan al país y debilitan la seguridad de la población, hipotecando el futuro de la sociedad haitiana».
Paul explicó que, tomando en cuenta los dispositivos de seguridad de la prisión, la evasión pudo ser posible «con la complicidad y falta de liderazgo por parte del Gobierno».
El industrial Charles Baker, del Grupo 184 (sociedad civil), estimó, en declaraciones a la prensa, que la evasión representa «un duro golpe para la democracia y la justicia dada la peligrosidad de los fugados.
Baker exigió al primer ministro Latortue y al jefe de la Policía, Léon Charles, que «hagan una gran limpieza en la Policía y la administración penitenciaria» y pidió también que se aumenten los recursos para custodiar la prisión.
Por su parte, el Director de la Coalición Nacional para los Derechos de los Haitianos (NCHR), Pierre Espérance, pidió la creación de una Comisión de investigación independiente para esclarecer los acontecimientos y habló también de la obligación de «reformar de forma profunda la administración penitencial».
Durante el asalto a la prisión, dos colabores del ex presidente Aristide, el ex primer ministro Yvon Neptune y el ex ministro del Interior Jocelerne Privet fueron trasladados a un lugar más seguro el sábado pasado e ingresados el domingo nuevamente en prisión.
