DONALD GUERRERO MARTINEZ
La realidad de que los partidos sean plataforma para el ascenso social, puede explicar por qué en el país se trabaja poco, lo mínimo, y son tantos los dedicados a la política partidaria. Pero debe decirse que no sólo en los partidos se da el caso de afiliación para ascender socialmente. A aquellos les importa poco olvidarse de otras actividades productivas. Así, tenemos tantas y más cuantas organizaciones políticas con derecho a competir en elecciones, casi siempre aliadas a un partido entre los primeros del sistema, pues no tienen fuerzas para subir la empinada cuesta del triunfo. Las alianzas son sus salvavidas.

No existe un mecanismo para comprobar la certeza de la cantidad de afiliados de una organización política. A veces se ha dicho que en las nóminas figuran personas fallecidas. También nombres supuestos. Ahora bien, desde el momento en que dedicarse a vociferar en una ocasión equis, al bandereo o a pegar afiches, sea la oportunidad para llegar aunque sea a una regiduría, que es lo mínimo, los «compañeros» de cualquier bando piensan que no vale la pena o no tiene sentido dedicarse a otro trabajo productivo. Un regidor gana 90 mil pesos. Compare ese salario, que es sólo nominal, con el de un maestro, o con el de un policía expuesto cada día a ser victimado por la violencia callejera.

Para buscar el ascenso social por esa vía no hacen falta otras calificaciones distintas a la afiliación partidaria. Entonces, es prácticamente obligatorio que el país tenga, y sea servido, antes y ahora, por funcionarios con una deficiencia o con la otra.

Es también la causa por la que, como lo ha señalado en estos días el Presidente Leonel Fernández «carecen de un sentido de valores, firmeza y convicción política», aquellos que ingresan a los partidos políticos «sólo para participar y utilizarlos como un mecanismo de movilidad social personal».

La democracia tiene que ocuparse de mejorarse a sí misma. Es el camino hacia un ejercicio política con resultados para el bien común.

La proliferación de regidores y diputados que necesitan sólo las credenciales de su afiliación, provee al país «representantes» muchas veces ineptos. Esos no son los que necesita la democracia.

En ese contexto, una eventual reforma constitucional, deseable sólo si la realiza una asamblea constituye con menos gente de la que tenemos para la asamblea revisora, debiera estudiar la posibilidad de que se cuente con un mecanismo factible para determinar si la lista de miembros de un partido es fiel, y también que se varíe el porcentaje de votos para elegir regidores y diputados. Si bastan 30 senadores, no se necesitan 150 o más diputados. A la hora en que haya menos de ellos, los partidos se cuidarán de seleccionar a los candidatos más idóneos.

Se ha dicho que un benefactor económico de vastas regiones sureñas, ahora en apuros con la Justicia, fue postulado alguna vez como candidato a Senador de la República.

Ya se tuvo un diputado traficante de ilegales chinos mientras fue cónsul en Haití.

¡Oh, democracias tropicales!