Uno de los asuntos en que el gobierno del presidente Leonel Fernández ha hecho mayores esfuerzos es el referente a la creciente criminalidad que agobia a la sociedad dominicana, de raíces tan profundas que no podrán ser extraídas en poco tiempo y sin una gran inversión y cooperación que pocos quieren reconocer.

Plan de Seguridad Democrática y Barrio Seguro y ensayos de incorporar las comunidades a la prevención y la lucha contra la delincuencia son evidencias de que se han tomado iniciativas. Ha faltado una mayor inversión en mejorar el equipamiento de la Policía Nacional y en depurarla de elementos proclives a vincularse a la delincuencia para “buscarse lo suyo”.

Para comenzar es urgente que se ofrezca mucho más que 4 mil pesos para los que quieren ingresar a la PN y más de 6 y 7 mil a sargentos y tenientes llamados a enfrentarse a los delincuentes. Con esos sueldos no es verdad que la mayoría va a salir a las calles a arriesgar su vida en defensa de nada ni de nadie y menos en una sociedad que exhibe tanta desigualdad, exclusión, concentración y derroche. Muchos de los que salen lo hacen asociarse a delincuentes. Esos salarios no atraen a lo mejor de la juventud, sino a muchos aventureros que quieren tener una placa, uniforme y arma “para resolver”.

Gran parte de la opinión pública, funcionarios y empresarios y hasta eclesiásticos  no acaban de entender la complejidad del problema de la delincuencia y siguen creyendo que se va a resolver con la inequidad de las ejecuciones sumarias disfrazadas de “intercambios de disparos” que este año alcanzarán la cifra récord de 450, y que en la última década han cobrado la vida de unos 3 mil delincuentes y supuestos delincuentes, incluyendo cientos de inocentes. Y la delincuencia aumenta, en vez de reducirse. 

La reacción general frente a la resolución de la Secretaría de Interior y Policía de limitar en diciembre el porte de armas de fuego no ha podido ser más irracional, reveladora de la creciente inseguridad  y desasosiego generados por la creciente delincuencia, pero también de la superficialidad con que se asume el problema.

Franklin Almeyda podrá ser un poco rosca izquierda y a veces parece prepotente,  pero es de los funcionarios más honestos que tiene el gobierno y se ha empeñado en cumplir sus obligaciones probablemente más que todos los que lo han antecedido en la Secretaría de Interior y Policía. Por eso y por lo complejo del problema de la seguridad ciudadana, sus decisiones deben ser analizadas con más racionalidad.

No se entiende de dónde salió que la Resolución 01-08 busque desarmar a los que han obtenido una licencia de porte y tenencia de arma, o que persiga “dejarlos indefensos ante los delincuentes”. Nada justifica la algarabía que ha desatado. Ni las consideraciones ni las disposiciones de la resolución se refieren a desarme. Aunque el artículo 1 suspende “el porte” de armas durante diciembre, su párrafo primero precisa que “Esta suspensión no incluye la tenencia, por lo que toda persona con su licencia al día, al trasladar el arma de su hogar a su negocio u oficina, o viceversa, deberá colocarla en el porta guante del vehículo, o en un maletín o bolso sin tenerla dispuesta para el uso”.

En una de las consideraciones de la resolución se indica que la convivencia social aporta más del doble que la delincuencia a la alta tasa de criminalidad que se registra en el país, razón que justifica que se busque reducir la disposición a usar armas aunque estén autorizadas. No se plantea que nadie deba entregar su arma, sólo que no la lleven en las manos, que la mantengan en la casa, negocio u oficina y en el vehículo.

Esa debería ser la norma de todo el año, no sólo del período navideño. Nadie debe estar autorizado a entrar a un centro comercial con arma de fuego, ni a un restaurante ni a un cine, ni a un estadio deportivo ni andar por calles y aceras. Para evitar que un uso irreflexivo cueste la vida a personas con tantos derechos como el portador del arma. El que no se sienta individualmente seguro debe evitar las aglomeraciones.

Es cuestión de racionalidad. Cualquier persona puede ser víctima de la delincuencia, pero es imposible plantear que hasta los niños anden con una pistola sobada en las manos para defenderse. De ser así la mejor política gubernamental sería dotar de un arma de fuego siquiera a cada adulto y que todos la llevemos en las manos. Se acabaría el perro y la rabia.