POR FIOR GIL
El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Radhamés Segura, dijo que el gobierno pasado firmó el mayor contrato que se haya establecido entre el Estado y los generadores de energía a través del acuerdo de Madrid, creando un sobrecosto en la tarifa de la electricidad que tiene a las autoridades actuales al borde de la desesperación.

Criticó que la recompra de las empresas distribuidoras del Norte y del Sur (edenorte/Edesur) no se hizo por fines patrióticos y que el entonces presidente Hipólito Mejía y sus funcionarios lo saben.

Igualmente le criticó al gobierno de Mejía haber aumentado los márgenes de beneficios de administración y por el valor agregado de distribución a las empresas distribuidoras, lo que también contribuye al encarecimiento de energía. Esas empresas obtendrían alrededor de 300 millones de dólares por esos beneficios otorgados por Mejía, que además extendió el plazo de vencimiento de los contratos hasta el año 2016, dijo Segura.

«Yo creo que el gobierno de Mejía se caracterizó en el negocio eléctrico por decir, denostar todo lo que se le antojo en contra de la capitalización, pero en términos reales por hacer todo lo contrario, beneficiarse de esa situación y sacarle provecho con el acuerdo de Madrid y con el aumento de los beneficios a favor de las distribuidoras y extenderlo hasta 20 años e incluso mejorar el precio el precio de la generación de 2.75 a 2.95 de dólares extenderlo durante 20 lo que representa una enorme cantidad de dinero y un encarecimiento de la electricidad porque son mejoras muy sustanciales a los contratos», dijo Segura.

El vicepresidente de la CDEEE convocó una rueda de prensa para refutar al expresidente Mejía, quien dijo que su gobierno no firmó contratos con los generadores privados denominados IPPs. Segura aclaró que en el gobierno anterior del Partido de la Liberación Dominicana se firmaron contratos con precios del kilovatio hora a 6.125 centavos de dólares y no mas de 30 megavatios a cinco años.

Asimismo refirió que el Contrato con la Compañía Eléctrica de San Pedro de Macorís (COGENTRIX) es de una responsabilidad compartida con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) ya que fue conocido y aprobado en el Congreso Nacional.

Segura informó que el ex administrador de la CDE, ingeniero César Sánchez fue un cabildero para lograr que ese contrato fuera aprobado en una legislación en donde se contó con la presencia como senadores de la exvicepresidenta Milagros Ortiz Bosch y el ingeniero Ramón Alburquerque, actual presidente del PRD.

Segura afirmó que gobierno pasado en lugar de revisar los contratos de capitalización para corregir lo que consideraban no estaba correcto, lo que hizo fue darle mayores ventajas a los inversionistas los mejoro mayores ventajas en términos reales y pido al ex presidente Mejía que desmienta esto.

«Nosotros como gobierno hemos procurado desde principios fue empañarnos en mejorar la situación del servicio eléctrico en el país, porque cuando asumimos de cada kilovatio hora que las empresas distribuidoras estaban pagando algo más de un 50% de la energía que recibían.» Es decir que si estaban facturando 60 millones de dólares los generadores a los distribuidores le estaban pagando entre 36 o 35 millones de dólares y quedaban 24 o 25 millones de deudas», expresó.

Dijo que en esas condiciones se pensó que no era posible iniciar un proceso de renegociación de los contratos cuando lo que había que hacer era mejorar el nivel de pago y garantizar el suministro eléctrico a la población.

Agrego que actualmente el déficit que se viene arrastrado de las distribuidoras con las generadoras no llega a los 80 millones de dólares con adicción al subsidio que el gobierno ha estado ha estado entregando.

Agregó que desde hace unos meses las autoridades lo que están es llamando a los generadores favorecidos con el acuerdo de Madrid se avengan a una renegociación de los contratos para reducir los precios de la energía.

«Nosotros vamos a llegar hasta las ultimas consecuencias, incluyendo si es necesario recurrir a una impugnación porque el Acuerdo de Madrid es violatorio al artículos 110 de la Ley general de electricidad y podríamos también recurrir al arbitraje internacional», dijo Segura.