A la fecha podemos decir que Marcha Verde ya acumula importantes logros y aportes a la transformación social y política de la República Dominicana.

Además del encarcelamiento y la coerción de los primeros altos funcionarios, legisladores, dirigentes políticos y empresarios(faltan muchos más), la dinámica del movimiento está removiendo y reduciendo la legitimidad de las elites políticas, económicas y sociales que se han mantenido en la dirección del Estado y la sociedad durante más de medio siglo en base a relaciones mafiosas y reproducción de una estructura corporativa de lodazal.

El avance de la Marcha Verde, la presión desde las calles, los medios de comunicación, las redes sociales, los encuentros barriales y las demás iniciativas del colectivo están llegando a un momento crítico, porque ante las evasivas del procurador Jean Alain Rodríguez y lo limitado del expediente judicial de Odebrecht el colectivo está obligado a profundizar sus exigencias si quiere mantenerse coherente con la consigna del fin de la impunidad.

Esta profundización implica reclamar con igual o más fuerza que se amplíe la investigación y el sometimiento de los sobornados, porque las acciones del Ministerio Publico dejan decenas de preguntas sin contestar; insistir hasta que aparezcan los nombres y los sometidos por el caso de las sobrevaluaciones y los sobornos de las plantas de Punta Catalina; y demandar que se sancione a quienes, según el Juan Temístocles montas y tres ejecutivos de Odebrecht, recibieron el financiamiento ilegal de la empresa mafiosa para sus compañas electorales de 2008, 2012 y 2016.

Es claro que esta hoja de ruta de la Marcha Verde implica la investigación del presidente Danilo Medina, posiblemente de varios de sus ministros, de Reinaldo Pared Pérez, Cristina Lizardo, AbelMartínez y otras importantes figuras de la dirección del Estado dominicano que estuvieron en centro de la negociación y aprobación de los contratos.

Presionar para que la Procuraduría General entre a esta fase pendiente, que es la más importante, cambia drásticamente el mapa de actores relacionados directa o indirectamente con la Marcha Verde y el reclamo del fin de la impunidad.

El gran empresariado y sus medios de comunicación difícilmente se atrevan a mover fichas que abran la puerta, por ejemplo, al cuestionamiento y declaración de ilegalidad de las elecciones del 2016, si se prueba en los tribunales el denunciado financiamiento de Odebrecht.

Los principales partidos de oposición tampoco estarían muy dispuestos a apoyar un proceso social y judicial que incluya a otros integrantes de sus directivas.

Las iglesias, los pequeños empresarios y los sectores poblacionales vulnerables ante las posibles retaliaciones gubernamentales tienen pocos incentivos para lanzarle al ruedo de una lucha que en la búsqueda del fin de la impunidad se vea tenga como consecuencia un cambio social, político e institucional profundo.

Esta variación de escenario es la que coloca a la ciudadanía, a los hombres y mujeres que se ganan la vida trabajando dignamente, a la gente que cumple sus deberes frente a un Estado que no garantiza ni protege sus derechos, a la que le corresponde protagonizar y decidir el rumbo del caso Odebrecht, de la Marcha Verde y el país.

Frente a una elite que vive y se beneficia del lodazal, los ciudadanos y las ciudadanas son los que deben decidir si permiten que las estructuras que permiten la existencia y reproducción del caso Odebrecht se mantengan enlodando a todo el país para beneficios de unos pocos o profundizan la lucha y los reclamos para que en esta ocasión sí se supere todo lo que debe ser superado.

Por primera vez desde 1965 la decisión, la posibilidad de transformar a la República Dominicana está en manos de la gente común y corriente que está en las calles, y no en la de sus enlodados y supuestos representantes. Esperemos que en la marcha nacional del 16 de julio la ciudadanía asuma su responsabilidad y abras las puertas de un nuevo comienzo. Cada paso será parte de la Historia.