Hay sobradas evidencias de que los medios de comunicación intervenidos administrativamente por el Estado como consecuencia del escándalo Baninter, están siendo utilizados para favorecer el proyecto político reeleccionista.

En los medios impresos resulta más difícil comprobarlo que en los electrónicos. Se puede alegar que cada periódico tiene su punto de vista subjetivo para calibrar, importantizar o disminuir las noticias o los artículos de opinión que publica. Pero cualquier lector avezado que compara dos etapas diferentes de un mismo diario, puede darse clara cuenta de los virajes de 180 grados que se producen en sus páginas, de un escenario a otro.

En la radio y la televisión es más fácil detectar la manipulación. Basta con ver cuántos programas han sido suspendidos por no ir en la misma línea del gobierno, o cuántos empleados han sido cancelados por no aceptar imposiciones de tipo político, o revisar cuántos espacios han sido cedidos gratuita o privilegiadamente a productores complacientes con las pretensiones reeleccionistas, o contar la proliferación de cuñas proselitistas en la misma dirección de la permanencia en el poder.

Ante esta situación, que se agrava cada día que nos acercamos más a la fecha pautada para las elecciones presidenciales, me parece razonable y tranquilizadora la propuesta formulada por una de las facciones del Partido Reformista, en el sentido de que la Comisión de Seguimiento de los trabajos de la Junta Central Electoral asuma el control de los medios intervenidos, para garantizar un uso equitativo de los mismos, desde el punto de vista político.

Hasta este momento, el control de estos medios lo asume la Dirección de Control de Drogas, cuyos funcionarios son nombrados por el gobierno (¿anjá?), mientras que la Comisión de Seguimiento está integrada por ciudadanos independientes, encabezados por monseñor Agripino Núñez Collado.

Ahí tiene el gobierno una nueva oportunidad de demostrar, si quiere, su apego a lo justo y a lo democrático. Si quiere.

LA FRASE DE HOY: «Yo puedo gobernar a los ciudadanos, pero no debo intentar gobernar sus opiniones» (Marthad, rey de Yemen en el siglo IV).