Hace algunas semanas me referí, quejumbroso, a las sumas millonarias que la Junta Central Electoral entrega a los pobrecitos partidos políticos para ayudarlos en sus campañas proselitistas, sin que se ejerza después ningún tipo de control sobre la forma en que se empleó el dinero.

No es culpa de la JCE, desde luego, sino de la ley que así lo ha establecido. Pero, ¡caramba! cambiemos esa ley ya mismo, no podemos vivir en esta inercia!

Mi queja, solitaria en aquel momento, cobra fuerza con la preocupación expresada ahora por la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), una entidad respetable y responsable como pocas, que nos recuerda estos datos escalofriantes:

De acuerdo con la Ley Electoral, a los partidos políticos hay que entregarlos el 0.5% del Presupuesto Nacional en los años de elecciones y el 0.25% en años no electorales. Como este año el Presupuesto Nacional asciende a RD$120,000 millones, a los partidos les toca la friolera de RD$600 millones. ¡Y no rinden cuentas!

Parece ser un buen negocio, ese de la política. Mejor que ser pelotero de Grandes Ligas, porque en éste caso hay que tener, por lo menos, un buen promedio de bateo, de pitcheo o de jugadas defensivas en el terreno de juego, para aspirar a un contrato millonario. Mientras que en la política basta con prometer, prometer y prometer, mientras más, mejor.

LA FRASE DE HOY: «Se puede vivir de dos maneras: la primera, como si los milagros no existieran; la segunda, como si todo fuera un milagro.»