El ex vocero de la Presidencia Rafael Núñez, denunció ayer que cuenta con información de una fuente «bastante confiable» , de que personas del entorno del presidente de la República, Danilo Medina, estarían planeando una campaña sucia contra ex presidente Leonel Fernandez, «como arma para ablandar su posición con relación a la Ley de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.

Núñez detalló que un importante funcionario que tiene oficina en el Centro de los Héroes, habría presionado a dos comunicadores mediante una auditoría autorizada por un juez a sus estados de cuentas personales y su relación con Rondón, “como una forma de chantajear a las dos figuras de los medios (…) para que lleven a cabo “la macabra idea” en contra del ex presidente Fernández.

«Presionar a periodistas de reconocida nombradía, con chantaje incluido, a los fines de que se presten para otra campaña de descrédito contra el presidente del @PLDenlinea, @LeonelFernandez, es una perversidad que fracasará estrepitosamente», escribió ayer el ex vocero a través de su cuenta en Twitter, sin mencionar si se trataba de Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara, implicados en el hecho.

El ex funcionario no menciona el nombre de la persona cercana al presidente Medina que estaría detrás del presunto plan, ni la fuente que alegadamente le reveló el alegado plan contra Fernández,  presidete del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).

Los comunicadores Julio Martínez Pozo y Danny Alcántara denunciaron hoy una persecución en su contra por parte del procurador de la República, Jean Alain Rodríguez.

Durante una rueda de prensa realizada en el Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), los comunicadores indicaron que la acción en su contra se trata de un intento de restringir la libertad de opinión e investigación periodística que consagra la Constitución de la República en su artículo 49 que expresa lo siguiente “…toda persona tiene derecho a expresar libremente su pensamiento, ideas y opiniones, por cualquier medio, sin que pueda establecerse censuras previas”.

«Esas acciones contra nosotros como periodistas se debe a que hemos dedicado cientos de honras a tratar el caso de corrupción más emblemático que conoce la historia nacional. Y hemos coincidido en denunciar la torpeza procesal conque se ha dirigido la investigación desde la Procuraduría General de la República, en algún momento dando la impresión de que por razones muy sospechosas no se ha querido investigar el soborno que pudieron haber hecho empresas locales, a partir de los cuantiosos beneficios que habrían recibido con sobrevaluación de parte o de todas la obras ejecutadas durante los 13 años bajo investigación», señala el comunicado.