El director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad, Rafael Paz, solicitó al Poder Judicial colaborar en la mejora del clima de negocios así como en el desempeño del país en el Índice Global de Competitividad, a fin de seguir creando mayores oportunidades para la ciudadanía y, por ende, el desarrollo nacional.

Alertó sobre el descenso que ha tenido el pilar justicia en el Índice Global de Competitividad, por lo que llama a una alianza publico↔privada encabezada por el Poder judicial a fin de mejorar estas mediciones, claves para atraer inversionistas.

Paz señaló que desde el año 2015 República Dominicana ocupa los tres últimos puestos en los rankings del Índice Global de Competitividad frente a países de la región y Estados Unidos, alcanzado en el pasado año 2017 la posición 127, lo que significó un descenso de 20 puntos con respecto a 2016, cuando el país estaba en el lugar 107.

Poder Judicial cuenta con los recursos

Un estudio realizado por Información Estratégica de COMPETITVIDAD indica que el Poder Judicial cuenta en con los recursos necesarios para mejorar índices de competitividad, puesto su presupuesto ha crecido hasta topes históricos a partir del 2012, de RD$3.6 MM a RD$7.4 MM; superando el periodo 2006 y 2012 cuando era el estamento de menos asignación presupuestaria dentro de los poderes del Estado.

Otro cambio sustancial es que en el 2012 el Presupuesto del Poder Judicial representaba el 67.1% del Presupuesto del Congreso Nacional y para el 2018 representa el 110% del Presupuesto del Poder Legislativo superándolo en 705 MM de pesos.

El informe también presenta la consolidación de la intención de mejorar el sistema judicial dominicano al revisar la inversión en justicia a nivel general, apreciable en el presupuesto para el Tribunal Constitucional tanto como para el Ministerio Publico, este último pasó de una asignación presupuestaria en 2012 de 2,600 MM a 5,915 MM en 2018.

En definitiva, la inversión total en justicia (Poder Judicial, Ministerio Público y tribunales especializados) para el 2018 evidencia el nivel de prioridad que ha recibido por parte de la actual administración pasando de un total de 6,150 MM en 2012 a 14,430MM.

La desconfianza de las empresas

Uno de los problemas que se identifica en el Índice Global de Competitividad, desde 2015 a 2017, es el relativo a la resolución de conflictos, lo cual hace referencia al cumplimiento de contratos. “Las empresas sienten desconfianza, por lo lenta de la administración de justicia civil y como país debemos resolverlo”, indicó Paz.

Destacó que entre los años 2016 y 2017, en el renglón eficiencia del marco jurídico en la solución de controversias, República Dominicana descendió del puesto 100 al 112, es decir, decisiones judiciales en los tribunales afectaron el clima de negocios y provocaron una caída de 12 puntos en la competitividad.

Otro aspecto que incide en los niveles competitivos del país es el relativo a la jurisdicción inmobiliaria. Recordó que “el tema tierras sigue siendo un dolor de cabeza para los inversionistas y no se percibe avance en la materia. Por lo cual, se necesita relanzar la reforma de la jurisdicción inmobiliaria. Para esto el Gobierno tiene toda la disposición de apoyar al Poder Judicial, tal cual lo ha demostrado en la asignación presupuestal”.

El bajo desempeño de la justicia dominicana, explicó, es un factor que resta al establecimiento de inversionistas que encuentran en otros países de la región mayor seguridad jurídica, como Costa Rica (con índice de 5.2, solo un punto menos que Estados Unidos).

“Es por igual muy preocupante que en la medición referente a eficiencia del marco jurídico para impugnar los reglamentos, República Dominicana perdiera 20 puntos, pues en el año 2016 se encontraba en el lugar 107 y el pasado año en la 127”, alertó el director ejecutivo de COMPETITVIDAD.

Paz reiteró que el Poder Judicial debe revisar procesos que impiden cumplir las leyes, así como ser justo en la resolución de controversias, pues esta incide de forma directa en las inversiones y el desempeño país.