Cada vez son mayores los hechos que evidencian que en la República Dominicana se quiere imponer un gobierno unipersonal; y cada vez son mayores los sectores nacionales e internacionales que muestran su preocupación o alarma ante este despropósito de puro corte dictatorial que busca cercenar la débil democracia nacional, base del desarrollo y del progreso como nación civilizada.

Recientemente, los más representativos líderes del mundo político nacional, desde el campo de la oposición política hasta sectores del mismo partido oficialista, se han manifestado en ese tenor, destacándose las declaraciones vertidas por el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), doctor Leonel Fernández, quien al término de la gran marcha conque su organización política daba inicio a su campaña con mira al triunfo electoral en los venideros comicios de mayo próximo, denunció el intento del presidente Hipólito Mejía y de su brazo político, el Proyecto Presidencial Hipólito (PPH), de estar creando las condiciones para una dictadura en la República Dominicana.

En el litoral del partido oficialista, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), su más alto y representativo dirigente, el licenciado Hatuey Decamps, quien en una jugada arbitraria, violatoria e impositiva, fue despojado por el PPH, con el mandato de Hipólito Mejía, de la Presidencia del PRD, también se viene manifestando sobre las intenciones del primer mandatario de querer calzar las botas de Trujillo.

En el campo internacional, el influyente periódico norteamericano Miami Herald, siguiendo la misma línea editorial del The New York Times, manifestó recientemente su preocupación sobre la grave crisis económica y el control de las instituciones del Estado para ponerlas al servicio de la intención de perpetuar al presidente Hipólito Mejía en el poder por medio de sucesivas reelecciones.

El editorial del Miami Herald en una parte dice que «el esfuerzo del señor Mejía por promover su propia candidatura por encima de los intereses de su país evoca algunas de las peores tendencias de la historia dominicana, días antes de recordar la dictadura de Trujillo y los 22 años de gobierno de Joaquín Balaguer.

Pero donde se ha hecho más daño a la democracia nacional es en la renovada politización de los institutos armados dominicanos, con la reintegración de activistas políticos, algunos de los cuales con altos rangos sin haber sido militares profesionales nunca, y los más fueron dados de baja por pasados gobiernos por actos deshonrosos o criminales.

El término «dictadura», según la acepción semántica del diccionario Pequeño Larousse, es «el gobierno que se ejerce fuera de las leyes constitutivas de un país». Se diferencia de la Tiranía, en que la dictadura puede ejercerse en un marco legal, aplicando los mandatos de las instituciones del Estado; mientras la Tiranía, es el poder usurpado de manera ilegal, que establece un gobierno sucesivo, absoluto, injusto y cruel. Hay tan pocas diferencias entre ambas formas de gobierno que apenas «con un empujoncito», la dictadura pasa a ser una tiranía.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), de México, para poner un ejemplo que a los perredeístas del pasado les gustaba mucho, por tratarse de «un partido amigo», de la Internacional Socialista, estableció en la nación azteca durante casi todo el siglo pasado una dictadura de partido que controlaba férreamente todos los aparatos del Estado -Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial- y las instituciones descentralizadas, como son el Poder Municipal y el Poder Electoral.

El control dictatorial de las instituciones del Estado por parte del PRI mejicano se ejercía en los estados y comunidades por parte de los caciques partidarios, tiranos locales que determinaban de tal modo el derecho ciudadano que ellos eran quienes le ponían precio a la vida del contrario político o lo separaban del cargo del gobierno o del partido.

Cualquier parecido con tenebrosos acontecimientos que se están produciendo por estos entornos no es pura coincidencia.