POR MINERVA ISA Y ELADIO PICHARDO
Nada destruye el potencial humano y retrasa a los pueblos como la violenta y aniquilante pobreza, la vida rudimentaria de esa masa de mentalidad condicionada por siglos de enajenación y servidumbre, expandida con más de un millón de nuevos pobres generados por la crisis económica.

Una creciente población alienada, envilecida por la ignorancia y la desnutrición, la gran pobreza material y paralizantes actitudes mentales, que entre sus estrategias de sobrevivencia busca un sostén económico en el clientelismo político, en las múltiples facetas de la delincuencia y la criminalidad, el narcotráfico que en los barrios marginados teje enmarañadas redes de complicidad, imbricadas entre los jóvenes involucrados y las familias directa o indirectamente beneficiadas de ese comercio ilícito.

Sus intereses, necesidades y aspiraciones nunca asomaron en la agenda de los gobiernos, salvo en la efímera gestión de Juan Bosch, marcado desde la infancia por las condiciones infrahumanas del campesino criollo, que al asumir la Presidencia en 1963 proclamó que gobernaría para los pobres.

«… De pronto me mordió la desigualdad, la horrible desigualdad entre estos hombres buenos, trabajadores, sufridos, conformes con su vida miserable, descalzos, hediendos y sucios; y los otros, retorcidos entre sus lacras morales, codiciosos, fatuos, vacíos, innecesarios; o los menos, los amos autoritarios, rudos, despóticos. Una amargura que venía de muy hondo me subió a los labios, y hablé…»

Habló a través de sus cuentos, ensayos y discursos, escandalizando a los «tutumpotes» al enfatizar que democracia significa gobierno de la mayoría, conformada en República Dominicana por los pobres urbanos y campesinos. No lo escucharon y el país sigue perdiendo su principal riqueza: el potencial humano, física, mental y espiritualmente erosionado por la pobreza, hoguera de las voluntades, energías e inteligencias de la nación. Ni siquiera los discípulos directos del gran líder político han enfrentado los dramáticos desequilibrios sociales que amenazan la democracia y quebrantan la paz social, cuyo precio se niegan a pagar los pocos que concentran la riqueza producida por todos.

La sórdida y agresiva pobreza se multiplica, cobra dimensiones dramáticas, se despoja de la mansedumbre y resignación que antaño la postraban, se contamina con las frustraciones, el resentimiento y el odio alimentados por privaciones y vejaciones. Toma rostro urbano con una nueva generación de pobres procreados por la desigualdad y la exclusión, con una ética distinta a la de sus padres que los induce a la delincuencia. Se reproducen en inmundas barriadas aprendiendo actitudes y valores que marcan su personalidad y los encadenan a la cultura de la pobreza, un círculo vicioso crónico en el que síntomas y causas se confunden, se refuerzan y retroalimentan.

El perfil de la pobreza se transformó, mas sus causas se perpetúan. Y es que no habrá motivación para erradicara mientras los pobres constituyan una masa ignara aprovechada por políticos para llevarlos al poder y por empresarios como mano de obra barata. Miope visión empresarial, pues no es posible un crecimiento económico acelerado y sostenido sin una fuerza de trabajo calificada y productivamente empleada.

Elevar la calidad de vida de los desposeídos no figura entre las prioridades de los políticos, tampoco de los sustentadores del poder económico, de quienes apenas reciben migajas para sostener en pie la fuerza laboral creadora de fortunas, o algún «goteo» como el que, conforme al fracasado modelo neoliberal o Consenso de Washington, permearía de las riquezas generadas con la apertura de mercado. Si hubo alguno, fue la «boa tigueril», el derrame pestilente del Peme al Renove.

El retroceso desde finales de 2002 fue catastrófico, y se estima que la pobreza volvió a rebasar la mitad de los hogares dominicanos, creció con las familias de clase media que la inflación desplomó hacia el sótano de la pirámide social, los pobres que cayeron en estado de indigencia.

El lacerante fenómeno se profundizó con la crisis económica, la pérdida de los ingresos reales, el masivo desempleo y el deterioro de los servicios públicos, la precariedad y alto costo del transporte, el colapso de los servicios de salud.

A los desposeídos seculares, a los de la «década perdida» y los ajustes estructurales de principios del noventa se suma más de un millón de pobres surgidos en la fábrica pepehachista forjadora de pobreza, incrementada con nuevas facetas, con otras amenazantes dimensiones.

En el país no ha existido una auténtica lucha contra la pobreza, no se han aplicado políticas sociales efectivas como parte de un plan integral de desarrollo que garanticen la seguridad alimentaria y habitacional, la salud y la educación de calidad en el corto, mediano y largo plazos. No se ha hecho la inversión requerida ni siquiera en tiempos de auge económico, en los prósperos años setenta ni en el período 1996-2000, cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) superó la media de América Latina. Tales esfuerzos se limitaron y se circunscriben aún a acciones inmediatistas, parches o remiendos, programas asistenciales y clientelistas, el reparto envilecedor.

El gasto social se constriñó con la crisis, pero, además, estuvo enmascarado con las dádivas que compran conciencias, el reparto preelectoral, el canje de votos hasta por una plancha de zinc. Su cantidad y calidad es muy precaria para ser un instrumento efectivo contra la pobreza, un mal que desvía la ruta del desarrollo y el progreso, que amenaza la democracia, incompatible con la persistencia de grandes disparidades sociales y económicas.

DETENER LA FÁBRICA DE POBRES

Conformar una nueva sociedad obliga a detener la fábrica de pobres, afrontar los desafíos de la desigualdad social, evitar una mayor pauperización recobrando la estabilidad macroeconómica junto a la ampliación de oportunidades para los pobres. Recuperar el poder adquisitivo, no compensado con las alzas salariales en la proporción arrebatada por inflación acumulada en los últimos tres años. No será posible sin políticas orientadas a la creación de riquezas y una mayor equidad redistributiva, al crecimiento económico generador de empleo, combinadas con un gasto social elevado y de calidad.

La lucha contra la pobreza debe ir más allá que el paliativo de «Comer es primero», programa con una subvención de RD$550 mensuales que el gobierno ejecuta en trece barrios del país. Deberá ser parte de un plan nacional de desarrollo diseñado y ejecutado con la participación ciudadana, responder a un modelo socioeconómico que no la perpetúe, que introduzca cambios radicales en la forma en que el gobierno la concibe y enfrenta, recuperar las fuerzas productivas paralizadas o subutilizadas, enrumbando al país hacia el desarrollo creciente y sostenido.

Debemos imitar las economías de alto rendimiento del sudeste asiático que obtuvieron sus elevadas tasas de crecimiento en base a políticas de redistribución de la tierra y los ingresos, la provisión generalizada de atención médica primaria, educación básica y generación de empleos.

Aumentar el empleo implica mayor ingreso y un incremento del consumo, de la demanda de bienes y servicios, lo que a su vez se traduce en más fuentes de trabajo, conformando un círculo virtuoso que prosigue hasta que con la plena ocupación se satisfagan las necesidades. Un círculo virtuoso que se expande al lograrse la calidad del empleo, correlacionada con la productividad. La crisis económica elevó el desempleo de 13.9% en 2000 a 16.4% en 2003, estimándose actualmente en 17%.

Hay que combatir la pobreza con puestos laborales productivos, no el parasitismo de la hipertrofiada burocracia estatal, las «botellas», las nóminas paralelas que absorbieron una alta proporción de la inversión pública, derrochada en abultados gastos de representación, viajes, dietas y viáticos.

Construir una sociedad más equitativa, conservar el clima de paz social y la gobernabilidad exige aplicar mecanismos más efectivos para resolver los conflictos socioeconómicos antes de que la enorme brecha entre pobres y ricos fermente la hostilidad que motoriza disturbios, provoque más estallidos de violencia. Sin demora, debemos emprender esa tarea, única garantía de preservar la democracia, que sólo perdurará con el firme soporte de la justicia social.

POBREZA Y CORRUPCIÓN

Todo parece estar concatenado. Dineros que debían ir al pago de impuestos y dotación de servicios básicos, empresarios los destinan al financiamiento de campañas políticas, a la espera de ser desde el poder altamente retribuidos con exenciones fiscales y múltiples prebendas. Millones y millones de pesos dejados de percibir por el fisco, que dejan de invertirse en la construcción de escuelas, hospitales o viviendas, en la apertura o reparación de caminos.

La prestación de servicios y reducción de la pobreza está condicionada a la erradicación de la corrupción. No será posible atenuarla en un sistema político con tan elevada malversación de fondos. Gran parte del dinero de préstamos y otras fuentes se queda en los bolsillos de particulares, el Estado no puede redistribuir la riqueza, que de manera desigual fluye a las cuentas bancarias privadas.

INDICE DE PRECIOS

Con la inflación acumulada a partir de 2002, el valor del peso se redujo en septiembre de 2003 a 0.595 (cerca de sesenta centavos) en relación con enero de 1999. El Indice de Precios al Consumidor (IPC) siguió aumentando, y un año después, en octubre de 2004, el valor de la moneda nacional era de 0.397 (casi cuarenta centavos). Es decir, que con un peso de octubre del año pasado se compraba lo que se adquiría con cuarenta centavos en enero de 1999.

Con el IPC, de 251.88 en octubre pasado, se puede obtener el valor real de los ingresos, deflactando su monto nominal, dividiendo éste entre el IPC y multiplicándolo por 100. (Ingreso/251.88 X 100).

Pese al pluriempleo o al «picoteo», no se compensa la pérdida acumulada del poder adquisitivo, obligando a severos recortes en los presupuestos familiares, a cambios radicales en los patrones de consumo.

El deterioro de la calidad de vida lo confirmó un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que en una escala de 177 países situó a República Dominicana en la posición número 98 en su Indice de Desarrollo Humano (IDH), que, entre otras variables, mide la esperanza de vida al nacer, los niveles de salud, educación y dignidad de las personas. En 2003 el país ocupó el número 94 en una lista de 175 países.

El valor del IDH desde la década del setenta varió así: 0,617 en 1975; de 0,648, en 1980; de 0,670, en 1985; de 0,678, en 1990; de 0,699, en 1995, y 0,731, en 2000; de 0,738 en 2002; de 0,737 para 2003 y 0,738 en 2004. Registra un ligero incremento que no se corresponde con el gasto social, en alta proporción malversado, traducido en dádivas o en clientelismo.

COMPROMETER AL SECTOR PRIVADO

Una política social que verdaderamente enfrente la pobreza implica más recursos, una racional definición de prioridades, un adecuado diseño de los programas y servicios estatales, concentrar el gasto en áreas que maximicen los beneficios de los pobres. Supone un compromiso del sector privado con las políticas sociales orientadas al desarrollo humano y a paliar la pobreza. Involucrar al empresariado que nunca ha asumido su ineludible responsabilidad social, confundida con algún donativo para obras de caridad. Además, los fondos para financiarlos podrían liberarse reduciendo los gastos militares y un control más efectivo de las finanzas del Estado para prevenir la corrupción.

La inversión social representó en 2002 cerca del 8% del PIB, bajó al 6.8% en 2003 y siguió en descenso en 2004, y aunque la proporción supera la de décadas anteriores, dista bastante de los estándares latinoamericanos.

JOSÉ ANTINOE FIALLO, CATEDRÁTICO:
El problema es eliminar las condiciones que hacen posible que la gente siga siendo pobre, no es darle para que un día coma y veintinueve días no. Hay que ir modificando las condiciones en que la sociedad se reproduce para que dejen de ser pobres, pues se eliminarían las causas por las cuales lo son.

ISIDORO SANTANA, ECONOMISTA:
El Estado debe hacer las cosas que le competen, no muchas, pero hacerlas bien. No creo que el gobierno tenga que comprar carros para repartirlos a los choferes y, sin embargo, no ocuparse del cumplimiento de las leyes de tránsito. Eso es un trastrueque de las prioridades, de sus responsabilidades. Sería muy importante para el desarrollo que se ocupe de lo que pueda solucionar masivamente y no solo a dos o tres personas.

AMPARO CHANTADA, GEÓGRAFA:
No se trata de programas aislados contra la pobreza, sino programas de viviendas sociales, de salud y educación, no demagógicos, de acceso a préstamos, a la propiedad de la tierra, de fomento de empleo, porque la pobreza no es más que la expresión del desempleo del país.

ROBERTO CASSÁ, HISTORIADOR:
El componente más nefasto de la pobreza estriba precisamente en la desigualdad cultural, que es lo que la reproduce. Es fundamental que se emprenda una estrategia cultural, la única manera de dignificar a la mayoría de la población.

ANTONIO THOMÉN, ECOLOGISTA:
Debemos darnos cuenta que somos un país pobre y debemos vivir de acuerdo a esa realidad, que hay personas que viven en la más extrema miseria y esos son los que hay que atender. Pero mientras perdure el mercantilismo y la inmoralidad, todos los problemas que se originan en la falta de esos valores se mantendrán.

MIRIAM DÍAZ, EDUCADORA:
Una mejoría en la educación y en la salud, incidirá en la reducción de la pobreza, lo más complejo que tenemos, pero no podremos reducirla con un sistema tan corrupto, mucho dinero se queda en los bolsillos privados y el Estado no puede cumplir con su función de distribuir la riqueza.

PEDRO SAVAGE, TERAPEUTA FAMILIAR:
Lo que necesitamos es un gobierno que sepa gobernar, que cree las condiciones para que cada dominicano tenga la posibilidad, no solamente de sobrevivir, sino de mejorar su nivel de vida. Somos un país rico, tenemos riqueza en la tierra, en los animales, la riqueza de la creatividad, su potencial es aquí muy fuerte.

RAFAEL TORIBIO, POLITÓLOGO:
La política del Estado tiene que orientarse a los sectores sociales, fundamentalmente en educación, salud, saneamiento ambiental, agua potable y vivienda. Si invertimos ahí con visión de futuro, no de coyuntura, estaremos asegurando un verdadero desarrollo social.