El presidente del Grupo Puntacana, Frank Rainieri, dijo ayer que su grupo turístico no tiene ningún caso pendiente ni ha tomado iniciativa al margen de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, como le atribuye una nota divulgada por este diario y que da cuenta de la recomendación de una multa millonaria por la supuesta tumba de árboles.

En una carta dirigida a la dirección ejecutiva de este diario, el conocido empresario y promotor turístico dice que “desconocemos que exista ese informe que cita el Periódico Hoy y no fuimos citados por nadie para acudir  la supuesta reunión que debió celebrarse el pasado seis de marzo, ausencia que según esa narración, motivó la decisión de sugerir que fuéramos multados, ya que para esa fecha teníamos todos los  permisos para nuestro proyecto”.

A continuación el texto íntegro de la carta del empresario Rainieri:

Apreciado amigo:

En página doce del primer cuerpo de la edición del día de ayer se publica una información periodística en la que se dice que el Grupo PUNTACANA desforestó 1,500 tareas de terrenos el 28 de diciembre del 2005 para construir un campo de golf, y por esta infracción se recomendó aplicarle una multa de dos millones de pesos.

Dicha información, divulgada en los corrillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva según se nos ha dicho, y no desde la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, es muy dañina para la imagen de nuestra corporación que ha sido distinguida local e internacionalmente por sus prácticas amigables hacia el medio ambiente y enfocadas al desarrollo de programas ecológicos, en algunos casos incluso sin precedentes, tanto en nuestro medio como en el Caribe. Cabe destacar que  fuimos uno de los primeros complejos turísticos del país en obtener su licencia ambiental.

Nosotros no tenemos ningún caso pendiente ni hemos tomado ninguna iniciativa al margen de esa Secretaría, con la que mantenemos muy buenas relaciones. Desconocemos que exista ese informe que cita el Periódico Hoy y no fuimos citados por nadie para acudir  la supuesta reunión que debió celebrarse el pasado seis de marzo, ausencia que según esa narración, motivó la decisión de sugerir que fuéramos multados, ya que para esa fecha teníamos todos los  permisos para nuestro proyecto.

Si antes de publicar esa nota periodística, el HOY nos hubiese solicitado información sobre estos hechos tan graves y lesivos para nuestra reputación y los cuales nos imputan, nos habrían dado la oportunidad de ofrecerle la versión real de éstos y cuya relación de sucesos exponemos a continuación:

Punta Cana Beach & Golf, S.A, empresa de nuestro grupo dedicada al desarrollo de proyectos inmobiliarios turísticos, recibió en agosto del 2003 el Permiso Ambiental No. 164-03, que incluye la construcción de dos campos de golf y el componente urbano que acompaña estas inversiones.

En febrero del 2005 Antes de iniciar la construcción del campo de golf Corales, solicitamos a las autoridades forestales de Higüey, el permiso para limpieza y desmonte de la zona escogida. Los técnicos hicieron la evaluación forestal, no encontraron motivos para objetar el proyecto y enviaron su informe a Santo Domingo para el cálculo del impuesto correspondiente.

Nos informaron que las regulaciones de Medio Ambiente establecen que el permiso para desmonte requiere la aprobación de cambio de uso de suelo de la Subsecretaría de Suelos y Agua y se inició de inmediato esta gestión. En octubre del 2005, ocho meses después, al no tener respuesta, hicimos un reclamo a esa Subsecretaría de Estado. Allí se determinó que el expediente se había extraviado (la persona a cargo había sido despedida), como solución al retraso involuntario, se nos dijo que como el  proyecto tenía permiso ambiental y no había objeciones, podíamos iniciar los trabajos mientras se reconstruía el expediente y se completaba el trámite burocrático.

El 28 de diciembre, la Procuradora del Medio Ambiente de La Romana, Lic. Altagracia Pérez, se presentó en el proyecto y ordenó la suspensión de los trabajos. Presentamos el permiso ambiental ya citado y el expediente,  le informamos de los hechos aquí relatados, y ella nos informó que su decisión era enviar el caso al Departamento Jurídico de la Secretaría para que allí se resolviera.

En Febrero del 2006 recibimos la comunicación SSA-0218, de no objeción al cambio de uso de suelo firmada por el Sub-Secretario de Estado de Suelos y Aguas. La oficina jurídica de la Dirección General Forestal cerró el caso con la aprobación del Secretario de Medio Ambiente y para mostrar  su vocación ambientalista como parte de esa decisión el Grupo PUNTACANA se comprometió a patrocinar la reforestación de un área de 300 mil metros cuadrados en Punta Cana en coordinación con la Dirección General Forestal.

El día 15 de febrero del 2006 recibimos el permiso de limpieza y desmonte No. 0972 y pagamos RD$610,050.00, que es el impuesto normal que corresponde al permiso solicitado. El permiso esta firmado por el ingeniero Miguel Abreu, subsecretario de Estado de Recursos Forestales.

El subsecretario Miguel Abreu nos visitó en abril del 2006 con una comisión técnica para supervisar el área escogida para la labor de reforestación acordada e identificar las especies de árboles a utilizar. En junio del 2006 recibimos el informe técnico y esta pendiente una visita del señor Abreu para iniciar la siembra de árboles.

Anexo los documentos que confirman este recuento de hechos que deja muchas interrogantes sobre las verdaderas motivaciones de quienes indujeron a HOY a publicar esta información. Particularmente nos llama mucho la atención:

1.Que el documento que sustenta la nota, según se nos ha informado, haya circulado en los corrillos del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva y no en el ámbito de Medio Ambiente. Es ampliamente conocida la litis que enfrenta al Grupo PUNTACANA con varios abogados, entre ellos, destacadas autoridades y ex funcionarios judiciales, que han utilizado todo tipo acción para afectar el buen nombre del Grupo y sus principales accionista, como recurso para obligarnos a acceder a sus pretensiones.

2 Que la nota concluya con una alusión que podría ser considerada maliciosa, ya que al aludir a la existencia de la Fundación Ecológica PUNTACANA, da pie a pensar que se sugiere que el Grupo Puntacana, viola las regulaciones, y mientras causa destrozos ambientales, usa como “pantalla” una fundación que dice fue creada para “proteger y restaurar los recursos naturales” de la región y “contribuir al desarrollo sostenible del país”.

Sobre la primera observación las autoridades de HOY están en mejor posición que nosotros de obtener información y sacar conclusiones. Sobre nuestra versión que desmiente lo publicado, instamos al diario a confirmar la veracidad de los documentos en la Secretaria correspondiente, y sobre la Fundación Ecológica PUNTACANA, le extiendo una invitación para que usted nos visite y además envíe un equipo de sus reporteros más experimentados y así conocer e informar a sus lectores sobre su labor y sus programas ambientales.

 Aunque es difícil reponer las plumas a la gallina desplumada, como dice el Evangelio, apelo a su amistad y le solicito que si nuestra exposición tiene méritos, considere la publicación de esta carta a fin de enmendar en la medida de lo posible  el daño causado por la breve pero punzante nota de la página 12 de ayer.

Muy atentamente,
Frank R. Rainieri M.
Presidente

NOTA DE REDACCION

La intención de este diario en publicar la información comentada por el empresario Rainieri jamás estuvo motivada en  dañar la buena imagen de su vigoroso consorcio turístico. La consideramos, en su oportunidad, una nota válida en razón de que está fundamentada en el oficio número 1375 del despacho del ingeniero Héctor Miguel Abreu, subsecretario de Recursos Forestales. Este documento tiene fecha del 6 de marzo de este año, dirigido al doctor Max Puig, titular de la cartera, cuyo despacho lo recibió el día 8 de marzo, según consta en el mismo documento. El legajo consta de 13 páginas.