Los manglares, arrecifes de coral, humedales, lagunas, bosques marinos, entre tantos ecosistemas, son las cunas, incubadoras, y guarderías de los seres vivos que pueblan las aguas del planeta. Las masas acuáticas ocupan el ochenta por ciento de la superficie de la Tierra. De ahí que mutilar estos ecosistemas mataría la esperanza humana de vivir en conciliación con la biodiversidad.

En la Florida, devastaron grandes zonas de «everglades» para urbanizaciones, zonas turísticas, sistemas viales, extracción minera y explotación agrícola, pusieron en peligro el equilibrio natural, hoy arrepentidos, reconstruyen espacios destruidos con inversiones astronómicas que sólo Estados Unidos de América, la nación más poderosa del globo, puede solventar.

Los Estados con mínima organización definen sus ambientes geográficos, y mediante leyes, establecen las áreas de aprovechamiento económico, y las zonas protegidas.

No se conoce una nación donde sean los inversionistas nacionales o internacionales quienes decidan las normas protectoras de la biodiversidad, de los monumentos naturales, del patrimonio arqueológico, de la fragilidad de los ecosistemas, en fin, quienes impongan la filosofía sobre los recursos naturales.

En la República Dominicana cada grupo económico o político, adquiere las parcelas que más le placen, aun en violación a las leyes, en la seguridad de que un gobierno dominicano amigo lo acomodará, sin importar los daños a causar.

¿De qué sirven las leyes nacionales, los protocolos y acuerdos internacionales?

Los foros universales parecen insuficientes para sensibilizar las conciencias de quienes toman decisiones. Inútiles han sido las presencias de funcionarios en las cumbres de la Tierra, en Estocolmo, Suecia (1972), y la última en Johannesburgo, Africa del Sur (2002).

Existe un contubernio entre políticos y grupos económicos para hacer fortunas a costa del abuso de los recursos naturales.

Don Juan José Hidalgo, presidente de Globalia, a quien no conozco, justifica derechos sobre la parcela 24-A del distrito catastral No. 10/2da., del municipio de Higüey en la provincia Altagracia, en el hecho de que la compró el 28 de octubre del 2000.

¿Ignoraba el señor Hidalgo que la misma estaba bajo declaratoria de utilidad pública, en virtud del Decreto No. 722, del 4 de abril del año 1975, y que ya formaba parte del Parque Nacional del Este?

¿Quién le dijo al señor Hidalgo que en este país las leyes se violan o se modifican a voluntad del interesado? Un inversionista extranjero celoso de su reputación rehuye conflictos como el de Globalia.

Para la construcción de un hotel, que obviamente puede ser buen proyecto, no hay que cambiar el marco jurídico de los recursos naturales. Los proyectos turísticos deben desarrollarse donde permitan las normas vigentes, sin enfrentar las áreas protegidas. No imagino una actitud semejante en Europa, donde el ordenamiento de los recursos naturales es materia sagrada.

La parcela 24-A indicada, cubre una superficie de 24 hectáreas, es decir, trescientos noventa y una (391) tareas nacionales, o 246 mil metros cuadrados.

¿Quién pretende quedarse con la parcela 20-A, con más de cuatro millones de metros cuadrados?

El proyecto de Ley sometido en febrero del 2004 por el Poder Ejecutivo no se limita a la parcela 24-A, reclamada por Globalia, el mismo aspira a excluir también la parcela 20-A del distrito señalado.

Hay que destacar que la parcela 20-A tiene 415 hectáreas, o sea, seis mil quinientos cincuenta y siete tareas nacionales. Se trata de cuatro millones ciento cincuenta mil metros cuadrados (4,150,000).

¿Quién es el propietario de la parcela 20-A, cómo obtuvo sus derechos, en qué la utilizará? ¿Quién está detrás de esto? ¿O quién pretende quedarse con ella?

La parcela No.20-A, es diecisiete (17) veces el tamaño de la 24-A.

¿Qué se pretende hacer con esta inmensa zona protegida? ¿Quién reclama esta zona, cuáles son sus alegatos jurídicos?

Una zona de impresionantes tesoros, susceptible de ser Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO. Es una exquisita prenda de la creación divina.

A los precios actuales en el polo turístico de Bayahibe, alcanzaría una tasación mínima de 200 millones de dólares de los Estados Unidos de América.

El país será depredado. Justo es reconocer que Balaguer y Jorge Blanco establecieron la mayor parte de las zonas protegidas vigentes. Sin embargo, cada gobierno de turno desea hacer sus exclusiones porque a cada administración le toca lo suyo.

Los inversionistas que buscan seguridad jurídica no solicitan privilegios. Estas exclusiones dejan huellas de violaciones que más adelante las hace atacables ante la justicia.

¡Que salgan a defender la parcela 20-A las manos ocultas que pretenden tomarla como botín!

Hay que reconocer que estas aventuras reportan enormes rentabilidades. Tierras adquiridas en forma vil, son «legalizadas», y luego vendidas por cientos de millones de dólares. ¡Pobre país, hasta cuando!