El 2003 pasará a la historia como un año de males, de balances negativos, en donde la población ha sufrido el impacto de la crisis financiera más grave en el último siglo, simultáneamente con un profundo deterioro institucional, un retroceso político y la corrupción, pública y privada, campeando exitosamente impune.

La crisis económica explotó en el 2003, pero se gestó mucho antes, con el incremento alegre del endeudamiento externo desde el mismo inicio de este gobierno y con mayor gravedad en el 2002, justo en el momento cuando el choque externo (desaceleración económica mundial y el impacto de los atentados terroristas del 11/9) se manifestaba en una caída en el ingreso de divisas provenientes del turismo y las zonas francas. Una economía que debió ser llevada a un aterrizaje suave fue sometida a un sobrecalentamiento vía el aumento del gato público y la utilización de la primera emisión de bonos soberanos con el objetivo fundamental de proporcionarles a la facción del Presidente Mejía, el PPH, la mayoría congresional y la posibilidad de acomodar la Carta Magna a los intereses continuistas.

Esa errada política expansiva provocó una depreciación del tipo de cambio de 8% en los primeros ocho meses, cifra que superaba en más del 100% la devaluación promedio de la última década. Los agentes económicos provistos de información privilegiada comenzaron a cambiar sus pasivos de dólares y pesos y a incrementar la fuga de capitales.

El escenario macroeconómico estaba preparado y el escándalo de la tarjeta de crédito, que involucraba al asistente militar esencial del Presidente, simplemente aceleró el retiro de los depósitos y llevó a la quiebra a BANINTER en la medida que la centrífuga, con pasivos muy superiores a los activos y empresas vinculadas con rentabilidad negativa, no pudo ser retroalimentada con captaciones frescas de depósitos o mayores facilidades provenientes del Banco Central.

En abril de este año, con el mayor salvamento de depositantes en la historia de la banca mundial, se cerraron las condiciones para la gestación de un agujero de 2.2 billones de dólares, una devaluación de 100%, una inflación de 40%, una caída del PIB de 1.3% y sus consecuencias más graves: La reducción a la mitad del ingreso de las mayorías, la pérdida de un 50% del principal de todos los ahorristas del sistema financiero y la reducción en ese mismo monto de los activos de todas las empresas cuyos ingresos eran en pesos.

Retroceso económico, que acontece simultáneamente con un deterioro institucional, una crisis en dos de los principales partidos del sistema y la corrupción, pública y privada, exhibiendo gloriosa una impunidad consecuencia directa del retroceso institucional.

La Junta Central Electoral representa una radiografía de ese retroceso. Tras las exitosas organizaciones de la doble vuelta del 96, las primeras separadas del 98, las presidenciales del 2000 y hasta las Congresionales del 2002, que renovaron la fe de la ciudadanía en procesos transparentes, resulta que hoy es víctima del escepticismo ciudadano y sus actuaciones, especialmente en la definición de los procesos internos del PRD y el PRSC, la están haciendo acreedora de la duda pública y en la mira de la comunidad internacional y la sociedad civil conscientes de la necesidad de reforzar la observación para evitar la repetición del trauma electoral del 1994.

La crisis de dos protagonistas políticos del sistema, aparte de la lucha por la sucesión, revela en uno, el reformista, el costo de la intromisión de manos externas tratando de agenciarse el socio de la eventual segunda vuelta y en el otro caso, el PRD, las mismas manos del continuismo, que debió ser sepultado definitivamente con la modificación constitucional impulsada por Peña Gómez en el 94, están llevando esa organización a una división mucho más grave a la sufrida en la década de los ochenta.

En este 2003 no cabe dudas la corrupción se ha aposentado de manera definitiva y exitosa en este gobierno, mientras aumenta la percepción, aquí y en el exterior, de que no habrá juicio y sanciones a los banqueros que con sus acciones fraudulentas, unidas al inexplicable pago a los grandes depositantes, han llevado esta economía al borde del colapso. Estos casos y los que involucran a funcionarios de este y anteriores administraciones han comenzado a minar la credibilidad en un Poder Judicial cuyos avances fueron indiscutibles en los últimos cinco años.

El 2003 será recordado como un año de males, de balances negativos, donde se esfumaron las esperanzas inmediatas de un mejor futuro a consecuencia de políticos, en el gobierno y en la oposición, prestos a llevar a la nación al retroceso institucional en beneficio de sus intereses, pero también de banqueros que jugaron al monopolio con los sagrados recursos de los depositantes y llevaron la nación al retroceso económico.

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