Javier Herrera 
El Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conoció este miércoles la revisión obligatoria a la medida de coerción impuesta a la excoordinadora Administrativa y Financiera de la Procuraduría General de la República (PGR), Altagracia Guillén, imputada en el caso Medusa.
El juez Amauri Martínez ratificó el arresto domiciliario como medida de coerción, impuesta desde junio del año 2021, cuando le fue conocida la medida.
Emmanuel Ramírez, fiscalizador adscrito a la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (Pepca), fue el representante del Ministerio Público en esta audiencia.
Yeni Berenice: «Hay imputados que no quieren que se conozca el proceso»
En febrero de este año, la procuradora adjunta Yeni Berenice, respecto a la solicitud de reposición de plazos de las defensas, aseveró que “hay imputados que no quieren que se conozca el proceso por la inmensa cantidad de pruebas que sustentan la acusación”.
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso, directora general de Persecución del Ministerio Público, afirmó que el órgano acusador está listo para presentar su acusación de la Operación Medusa, cuya audiencia preliminar fue aplazada la madrugada de este sábado para el próximo 28 de abril.
Asimismo, el Ministerio Público reiteró que sigue a disposición del tribunal para todas aquellas medidas o acción que deba tomar para contribuir a la celeridad y al plazo razonable para presentar la acusación.
El órgano acusador afirmó “El Ministerio Público le reitera al tribunal que está listo para presentar su acusación”, enfatizó, mientras se dirigía al juez del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauri Martínez.
En la audiencia, una cantidad considerable de abogados solicitaron reposición de plazos, frente a ese pedimento el órgano acusador argumentó: “En modo alguno el Ministerio Público les dará aquiescencia a pedimentos imprecisos y sin fundamento en derecho, a solicitudes que no tienen sustento y menos a que se manipule la verdad, diciéndole al tribunal que el Ministerio Público ha negado acceso a pruebas, cuando es incierto».
El tribunal acogió el pedimento del Ministerio Público y rechazó el pedimento de plazo común; en ese orden solo le dio un plazo de 20 días hábiles, no de 2 meses como lo había solicitado Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal acusado de Operación Medusa.
Por igual, el tribunal acogió la solicitud que hicieron los fiscales de que la Defensoría Pública represente a la persona jurídica FF& Import, en virtud de que las personas jurídicas tienen derecho a una defensa pública por ser un ente de derecho, al que se le deben garantías del debido proceso.
