Desde antes de la conformación del Estado dominicano por el constituyente del 6 de noviembre de 1844, en el país se advierte un clamor de desconfianza hacia el Partido político. En efecto, el Dr. José Núñez de Cáceres al proclamar la Independencia efímera en 1821 manifestó: «Compatriotas, si me habéis escogido de vuestra libre y espontánea voluntad para dirigir nuestros pasos en la nueva carrera que habéis emprendido, yo debo hablaros con ingenuidad.

La empresa es grande y gloriosa, pero difícil y complicada, los beneficios de la independencia no se recogen de pronto, ahora sembramos, después cosechamos. Si queremos que madure el fruto de nuestros afanes y desvelos, es menester más que todo, y para todo, que tengamos unión, concordia, lejos de nosotros el espíritu de partido.» A 183 años de esa memorable proclama, la desconfianza en el Partido ha crecido de tal manera que hoy es rechazado por nuestra colectividad, al igual que el mismo Estado al no cumplir ambos con eficiencia las grandes expectativas de la sociedad.

En la propia institucionalización del Pacto de San Cristóbal del 6 de noviembre de 1844, se manifiesta debilidad institucional personificada en el General Pedro Santana al imponer al legislador constituyente, a través de su vocero Tomás Bobadilla y Briones, el célebre Art.210, bajo una fuerte presión militar en la Villa de Guerra y que lesionó profundamente el liberalismo de nuestra primera Ley de Leyes. Ese macabro artículo, con ribetes dictatoriales aún mantenemos su espíritu representado en el actual Art. 55 de la Constitución vigente, pese a que literalmente fue abrogado en la primera reforma constitucional, la de febrero de 1854.

Manuel de Js. Galván y Apolinar de Castro, dos reconocidos jurisconsultos integrantes de la Comisión de Abogados que en el 1884 realizaron la adopción, traducción y adecuación del Código Civil Napoléon a las leyes nacionales, años antes, en la reforma constitucional de 1878, el primero en su calidad de Presidente de la Cámara de Diputados y el segundo como Diputado, presentaron a la consideración de la Constituyente un trascendental proyecto de reforma Constitucional destinado a fortalecer la institucionalidad del país, argumentando en su introducción, que la institucionalización de prácticas nocivas a la ética y moral pública producen constantes perturbaciones a las sociedades de la región, inclusive a la nuestra, atentatorias contra la esencia del régimen democrático, «han concebido el pensamiento de proceder a una reforma constitucional que nos acerque en lo posible a la exclusión de la práctica personalista…»

A más de un siglo y cuarto de su existencia, este pensamiento de antología para nuestro caso, tiene plena vigencia ante los alarmantes atropellos que a diario se cometen contra nuestra institucionalidad democrática y la del débil Estado de Derecho, las más de las veces bajo el amparo y respaldo del Partido en ejercicio del poder, cuales fueron los casos recientes de la perversa reforma constitucional del 2002 y la Ley de Lemas.

Decía en 1910, en magistral publicación el insigne jurista nacional, tronco de una reputada generación de notables abogados, el Licenciado Manuel Ubaldo Gómez hijo, que la ausencia de la sanción moral es uno de los factores que más inciden en la decadencia de la sociedad, ante la impunidad exhibida por aquellos que, luego de cometer crímenes y delitos contra la cosa pública se exhiben públicamente por encontrarse por encima de la Ley, y reciben la emulación y adulación de gran parte de sus conciudadanos al aceptarles en sus centros, contrariamente a lo sucedido con el rastrero condenado por la justicia represiva. Esta situación está vigente hoy más que nunca en el país. A viva voz, la mayoría de los dominicanos repugnamos la impunidad de aquellos que también han depradado el erario y pese, a ello, ostentan los más altos niveles en nuestros estratos sociales.

Un documento de gran significación histórica, digno de emular por las actuales y futuras generaciones por su gran contenido cívico, patriótico y de moral pública, fue la alocución que en 1916 dirigiera a su conciudadanos el ilustre intelectual Federico Henríquez y Carvajal, con ocasión de haber recibido de la Cámara de Diputados la designación como Presidente interino de la República, la cual concluye de la manera siguiente: «Puede i quiero decir, ante todo, por la insospechable significación de mi humilde nombre, por la austeridad de mis intenciones y en demanda del ansiado logro de confianza pública, que es también privativa ambición de mi espíritu, que no soi un candidato de partido partidista; que yo no puedo ser un candidato partidarista; que yo me desconocería a mi mismo, si, menoscabando en la armonía integridad de mi vida, tan apacible i serena, i tan fuerte en culto a la Patria, pudiere haber consentido, frente a la injusta desolación común de hoy ir a trueque de un precario i engañoso encubrimiento, a ser candidato partidarista».

En la historia del Derecho dominicano, Moisés García Mella representó otro de los ilusos soñadores con las urgentes y necesarias reformas políticas requeridas por nuestra institucionalidad democrática. Hace aproximadamente nueve décadas, este soñador acometió el estudio tales reformas en opúsculo titulado «Libertad Civil, Estudio Sobre Reformas Políticas», y al dedicarlo a otro colega que también compartió los mismos ideales de reconstrucción política del Estado dominicano, al prócer Licenciado Francisco J. Peynado, le decía: «Estos artículos representan una aspiración y constituyen un esfuerzo: aspiración de ver cambiado el ambiente de la vida política de la República en el sentido de las reformas que han sido el anhelo de los empeños decididos de usted; esfuerzo para que cristalicen obra esos ideales, por usted tan tesoneramente predicados, por usted tan brillantemente expuestos y defendidos».

Hoy, más que nunca, el pueblo dominicano en busca de preservar su institucionalidad y un porvenir promisorio, debe de manera urgente retomar el rediseño e implantación de esas reformas políticas, cuando el pueblo dominicano padece a su más grave y desesperada crisis que ha llegado al extremo de haber pauperizado la pobreza, atentatoria contra su débil institucionalidad democrática; cuando los principales órganos que bien debieron propiciar el progreso y estabilidad democrática, Estado-Partido, también se encuentran sumidos en profundas crisis institucionales. De ello no suceder, el destino no deparará un futuro imprevisible.

Si imperiosa resulta la construcción de un Nuevo Estado de Derecho, como lo hiciera Colombia en 1991 a través de una Constituyente, ese replanteo institucional debe ir parejo con la modernización del Partido, de forma tal que cesen esas prácticas personalistas que como apuntáramos denunciara Galván en 1878, se instituya su demarcación integral interna y externa, excluyente del continuismo en su dirección y de la práctica de manipular los cargos públicos a los fines electorales, calificada por la doctrina y decisiones internacionales como corrupción administrativa, y sobre todo, su comportamiento responda a los principios éticos y de moral pública.

Ahora bien, esas reformas demandan cambios radicales para la reconstrucción del Estado, desmantelarlo pieza por pieza para adecuarlo al perfil del nuevo orden exigido por la sufrida sociedad y el actual contexto internacional, labor que no podrán realizar las actuales autoridades que detentan el poder para reformar el Pacto Sustantivo, por la evidencia de un conflicto de intereses y la institucionalización del personalismo como quedó plasmado en la reforma del 2002, para que las actuales aspiraciones de la comunidad no corran la misma suerte del Proyecto del insigne autor de Enriquillo; procede entonces, retomar la Asamblea Constituyente, vigente hasta la revisión constitucional de 1959, pero conformada por personalidades de los rasgos cívicos de Don Federico Henríquez y Carvajal, al margen del Partido político, que también demanda una radical reconstrucción por la carencia de ética y de moral pública en su comportamiento, y que sus miembros actúen bajo el influjo del pensamiento del Licenciado Manuel Ubaldo Gómez. De ello no suceder, el destino no deparará un futuro imprevisible. Cerremos filas en esta jornada reivindicadora y de esperanza, recurriendo al ideario de Duarte y de los hombres que como el Licenciado Jacinto B. Peynado nos legaron una acción cívica y patriótica digno de emular.