La entrega del 30% de los fondos de pensiones a los trabajadores afiliados a las administradoras de esos recurso es una acción que no tiene sentido y que ha sido utilizada políticamente de manera muy irresponsable, que económicamente es inviable y que hace a los trabajadores asumir los costos económicos de la pandemia de COVID-19.

De acuerdo con un análisis realizado por expertos del área económica y política social, existen siete puntos por los que no tiene sentido el proyecto de ley que busca entregar el 30% a los trabajadores.

El primero es porque ha sido utilizado políticamente de manera muy irresponsable para engañar a los ciudadanos ante el temor por la pandemia del coronavirus a sabiendas de las enormes consecuencias negativas para la economía, promoviendo además que los ciudadanos se contagien con continuas manifestaciones y concentraciones para el único beneficio de un diputado que ha abrazado este proyecto como único motivo de su existencia política.

Lo segundo es que es inviable económicamente, pues el Estado estaría desprovisto por la enorme descapitalización que supondría una desinversión de RD$173,000 millones que es lo que equivalen el 30% en el peor momento de la historia reciente, con una crisis económica y sanitaria sin precedentes.

Señala el análisis que el Gobierno necesita del flujo económico necesario para atender las demandas sociales y económicas en el funcionamiento adecuado del país.

En tercer lugar figura que no es justo que el trabajador asuma todo el peso de la crisis sobre sus hombros, en lugar del Estado, afectando a sus propias pensiones futuras y teniendo que trabajar de 2 a 4 años más de lo previsto actualmente.

El cuarto punto es que tendría efectos enormemente devastadores para la economía, agravando todavía más las consecuencias provocadas por la COVID-19, pues generaría confusión financiera nada más aprobarse, caos, subida de la tasa monetaria, ya afectada por la crisis actual.

Y además de eso, aumentarían los precios de los productos de manera desproporcionada; los hogares más pobres del país se verían sumidos en una mayor pobreza, mientras los intereses de los préstamos para autos y viviendas aumentarían porque “tendríamos que financiarnos fuera del país”.

Un quinto punto para no aprobar el proyecto de ley es porque los que saben de economía ya lo han advertido en diversas ocasiones, como el Banco Central, el Consejo Nacional de la Empresa Privada y la Confederación Patronal de la República Dominicana. El sexto argumento en contra del proyecto es que las principales centrales sindicales del país se oponen a la entrega anticipada del 30% de las pensiones.