Cuando el pasado viernes 1 de junio del año 2018 el Parlamento Español aprobó la moción de censura contra Mariano Rajoy, abrió el camino para que Pedro Sánchez –líder de PSOE– se convirtiese en presidente del gobierno español. El desplome de Rajoy y su “impopular partido popular”, como consecuencia de la sentencia condenatoria en el caso Gürtel, sentó las bases para la primera salida de un presidente español sin un torneo electoral desde que en 1976 fuese designado Adolfo Suarez González. A la mañana siguiente, Pedro Sánchez Pérez-Castejón asumía el poder e iniciaba con ello un delicado camino cuyo final es difícil de predecir. Tendrá que afrontar, más allá de los temas económicos y sociales heredados, una difícil labor de cohesión política.

Ahora bien, sin ánimo de pronunciarme en torno a qué tan idóneo sea el nuevo presidente del gobierno español, creo oportuno referirme a un aspecto de particular importancia para el estudio del Derecho Constitucional y dentro de éste, de su parte orgánica: nuevamente queda demostrado que el parlamentarismo es un sistema en el que los cambios políticos pueden suscitarse con mucho menos dificultad y trauma social que en el presidencialismo.

El parlamentarismo, tan rechazado por nuestra América Latina, prevé condiciones en la que un gobernante descalificado socialmente, al margen de las razones que motiven la disminución de su capital político, pueda ser sustituido sin una desgastante espera. Y sobre todo sin que ello implique un quiebre institucional o una situación de histeria social, elementos que, lamentablemente, se han tornado comunes en los escenarios en los que, en un gobierno presidencialista, un gobernante enfrenta la terminación prematura de su mandato.

De hecho, un aspecto que usualmente se juzga a favor del presidencialismo es la estabilidad que presenta. Se piensa en ello en razón de que la escogencia del presidente se efectúa en previsión de un período determinado, el cual no puede ser interrumpido o suspendido. En cierto modo, lo que autores como Juan Linz, Arturo Valenzuela y otros critican y denominan como rigidez, es visto por quienes defienden al presidencialismo como una gran ventaja frente al parlamentarismo. Este último, por el contrario, presenta un Ejecutivo que depende del apoyo del Legislativo, y en virtud del mismo podrá, según el caso, perdurar en su posición más allá de lo inicialmente previsto o descender impetuosamente de ella mucho antes de lo estipulado.

Pero estabilidad y rigidez no es lo mismo. Lejos de ello, lo que ha mostrado nuestra historia es que el hermetismo del presidencialismo y le peculiar acumulación de poder que le caracteriza, jamás nos permitiría una experiencia en la que la evidencia de corrupción baste para motivar un escenario de cambio pacífico.

Como apunta el jurista argentino Gabriel Bouzat,muchas veces la estabilidad del presidencialismo descansa sobre la popularidad o credibilidad de quien encabeza el gobierno, pero si la misma se viene abajo no hay mecanismos eficientes para que la inestabilidad del presidente no se convierta en inestabilidad de todo el gobierno que encabeza. En tal sentido, lo que se objeta usualmente en el parla (la vinculación del Ejecutivo al Legislativo), podría resultar ser una salida a las posibles crisis y no un problema. Ejemplo claro de ello es el caso español actual que tomamos como premisa fáctica.

En ese orden de ideas, si bien ciertos ordenamientos parlamentaristas presentaron problemas de estabilidad en algún momento de la segunda mitad del siglo pasado, ello se superó –en parte– por la inclusión en sus nuevas Constituciones de medidas para fortalecer el gabinete frente al Parlamento. Sin embargo, no ha ocurrido lo mismo en América Latina donde ante una situación de quiebre, la ausencia de mecanismos para sortear la crisis desestabiliza el gobierno de tal modo que, de no producirse una dimisión voluntaria del presidente se generan situaciones aún más desastrosas como los golpes de Estado, instauración de gobiernos dramáticamente autoritarios (en algunos casos directamente militares), y demás.

Finalmente, no resulta ocioso señalar que aún en la ausencia de desenlaces tan oscuros como los mencionados, la estabilidad de un gobierno pende en gran medida de lo armoniosa, o por lo menos funcional, que pueda ser la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo. Sin embargo, en el presidencialismo, la independencia del Ejecutivo y del Legislativo crea la posibilidad de serios desacuerdos y puntos muertos entre ellos, lo que no puede resolverse destituyendo al jefe del Ejecutivo y designando otro, más en consonancia con las preferencias de la mayoría del Poder elegido con mayor legitimidad social, como es el caso en los sistemas parlamentarios de gobierno. Así, como bien sostiene el profesor Marcelo Alegre, es claro que el presidencialismo “no dispone de modos flexibles de resolución de los conflictos referidos anteriormente y el mandato fijo del presidente es un obstáculo para posibles reajustes”.

La imposibilidad señalada trae como resultado un proceso político que se fragmenta en períodos de gobierno que no mantienen relación entre sí, incluso en los casos cuando se suceden gobiernos encabezados por una misma entidad política, pero con un “líder” diferente. Por el contrario, es frecuente que en procura de distanciarse del gobernante anterior, establezca su propia versión de la praxis gubernamental, sin la posibilidad de introducir continuos ajustes según lo requieran los acontecimientos políticos, sociales y económicos.

Lo anterior produce que a lo largo del periodo presidencial, la totalidad de los actores del proceso político (que penden del mismo), queden en la obligación de adaptarse a sus designios. En esos casos,aún cuando el pueblo(en cuanto detentador de la soberanía y fundamento de la democracia), desee introducir al juego político una suerte de cambios, sólo podrá conseguirlo en la medida en que la presión pública haga temblar el pulso del Ejecutivo, cuestión esta que, a la postre, se consigue usualmente a un costo elevadísimo.

De allí que Linz, enérgicamente recalcara “la rigidez que el presidencialismo introduce en el proceso político y la flexibilidad mucho mayor de este proceso en los sistemas parlamentarios”.

El caso español le da la razón: Rajoy y su partido vieron venir abajo gran parte de su capital político en ocasión del caso Gürtel, con lo que se aceleró su desgaste político. Pero ello no implicó un quiebre del gobierno español, ni una crisis institucional que paralizase el país;experiencia que, en la óptica de un gobierno funcional que responda a la concepción deliberativa de la Democracia,es claramente preferible a la que, en la gran mayoría de los casos, ha acompañado al presidencialismo. Un presidencialismo que, en nuestro peculiar caso, no para de crecer en sus poderes y disminuir en sus garantías.

¿Será que las experiencias foráneas nos dan lecciones para repensar nuestro sistema de gobierno y procurar uno más cercano a esa Democracia que tanto predicamos y tan poco vivimos?