POR SOILA PANIAGUA
El economista Arturo Martínez Moya dijo ayer que la Shell Company ha dejado de entregar cientos de miles de millones de pesos al Estado, por concepto de beneficios y otras operaciones en la Refinería Dominicana de Petróleo, Refidomsa, pero que razones políticas impedían que se hicieran los reclamos.

Afirmó que ante la falta de transparencia en el manejo de la Refidomsa en perjuicio de los dominicanos, se debe exigir cambios en el contrato firmado hace más de 40 años entre el Estado y la Shell.

«Lo que la Shell ha dejado de entregar al Estado Dominicano a través de los años suman cientos de miles de millones de pesos, lo cual se ha quedado ahí dando vueltas y esas auditorías que se han hecho se detuvieron por razones políticas o por temor al monstruo», sostuvo.

Martínez Moya, quien fuera presidente de la Refidomsa en el período comprendido entre 1990 y 1993, explicó que por el contrato firmado con la Shell en 1954, el Estado se limita sólo a participar en un consejo de administración, prácticamente sin voz, ni voto y sólo aceptando las condiciones impuestas por el socio.

El problema entre los dos socios de la Refidomsa es más complejo y delicado de lo que parece, expresó Moya.

Puso como ejemplo, el precio de la gasolina que se da cada semana en la Secretaría de Industria y Comercio, el cual dice que no es fijado por el gobierno, sino por la Shell.

«Shell manda todo los jueves a la Secretaría de Industria y Comercio, un documento en que indica que la gasolina le costó tanto. Entonces Industria y Comercio coge un cuadrito y le pone los impuestos, esto y aquello, entonces dice que va a salir en tanto esta semana y así se acepta», explicó el economista.

Dijo que la Secretaría de Industria y Comercio no tiene forma de saber si realmente ese es el costo de la gasolina y si pudo haber sido mayor o menor, para poder trazar una política de precio a favor del consumidor.

«Industria y Comercio sencillamente recibe un fax o un e-mail que le envían los jueves diciendo el costo, sea la gasolina y gasoil que se va a vender a partir del sábado. Realmente, quién sabe si pudo ser más barato, a quién se le compró, quién sabe», comentó.

Manifestó que la Shell se apoya en un contrato que se firmó hace más de 40 años, el cual le da los poderes de administrar el día a día y de limitar las informaciones al Estado.

«Eso es cierto, el contrato lo dice. Ahora, el contrato ya no es válido, porque el contrato que firmó el Estado con Shell, no es para importar gasolina, gasoil, ni glp, sino para importar crudo y refinarlo en la República Dominicana y ellos no están refinando nada. Entonces, ese contrato ya no es válido y legalmente ya no existe», sostuvo.

Argumentó que el consumo diario es de 140,000 barriles de gasolina, gasoil, de fuel-oil y gas licuado de petróleo (glp), pero que apenas se procesan 30,000 barriles, lo que quiere decir que 110,000 barriles diarios, se importan fuera del contrato.

Dijo que los RD$227 millones que se han reportado como beneficios dejados de pagar al Estado, no son nada comparados con todos los recursos no pagados durante años.

«La Shell es la que tiene la administración de la Refinería de Petróleo, la que maneja el día a día, la que compra los combustibles en el mercado internacional, la que nombra los empleados, que hace las inversiones, maneja los ingresos «, explicó Martínez Moya.

Expuso que ahí, la agenda normalmente la hace la gerencia de la Shell, por los que los representantes del gobierno tienen poca oportunidad de participar en el día a día de un negocio tan complejo como es la compra del crudo y sus derivados y en el control de los costos de operación.

Refirió que al final de cada año, se hace una auditoría la cual normalmente revela situaciones que han permitido al gobierno de turno concluir en que pudo haber obtenido por diferentes conceptos, una mayor cantidad de ingresos.

«La política de precio en la Refinería ha variado, pues se ha pasado de una política de precios fijos de venta de la gasolina a una donde el gobierno no tenía impuestos, sino subsidios hasta el 1990», dijo.

Agregó que a partir de ese año se estableció el impuesto denominado «diferencial de los combustibles» y que luego, a partir del 2000 se creó un impuesto por ley por cada galón de gasolina que se vende en el mercado.

«El Estado no tenía forma de saber si realmente el subsidio era como decía Shell, sencillamente tenía que pagarlo. Mientras que en el caso de los diferenciales, Shell lo que hacía era reportar al Estado lo que le correspondía entre el precio de compra, más los costos de operación y el precio de venta», explicó.

Agregó que el costo real de los combustibles no lo sabía nadie, porque lo reportaba Shell, como entendía que se debía hacer, por lo que el Estado no tenía forma de supervisar que el barril de petróleo costó lo que la Shell decía que costaba en su informe.

Otra irregularidad, dijo, son las inversiones.

«Se supone que el Estado, como socio, debía aprobar previamente todo lo que eran inversiones, sobretodo, las que se hicieran con recursos propios de la Refinería. Sin embargo, había inversiones que se hacían y se reportaban al consejo de directores mucho después, sólo para justificar», dijo.