Circunscribiendo cuidadosamente su anunciado flujo mayor de repatriaciones a súbditos foráneos carentes del estatus legal al que cada Estado del mundo condiciona la permanencias en su territorio, República Dominicana solo estaría contrarrestando ingresos transfronterizos que por su ascendente magnitud amenazan con trasferir hacia este lado alarmantes grados de calamidad social portados por la gran parte de la población adyacente más hambreada e incapacitada para integrarse a una vida ordenada y productiva. De ese peso enorme y conflictivo para la nación dominicana y sus tradiciones las autoridades deben defenderla sin dar explicaciones a nadie como ha dicho el presidente Luis Abinader. Por más humanitario que se pretenda ser, ningún suelo patrio puede sentirse obligado a extender generosidades hasta llenar espacios interiores con multitudes capaces de ejercer excesiva presión sobre las funcionalidades instituciones con las que el país receptor trata de resolver sus propios problemas de orden colectivo que no son pocos.
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Sería auto infligirse violaciones al derecho a la búsqueda de seguridad y bienestar propios para cargar con desastres externos. Importa y conforta que el Gobierno no busque enfrentar la inmigración ilegal solo con deportaciones: será ampliada la persecución al tráfico de viajeros y se garantizarán condiciones dignas al extrañar haitianos desde esta parte de la isla con procedimientos atados a protocolos que preserven la integridad moral y física de los privados de libertad en redadas.