Hoy 
San José, (EFE).- El Estado dominicano se sentará mañana en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por la presunta desaparición forzada del periodista y activista opositor Narciso González, ocurrida el 26 de mayo de 1994 durante el gobierno de Joaquín Balaguer.
Según la denuncia, González fue un férreo opositor de la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo y posteriormente del gobierno de Balaguer, a quien acusó de cometer fraude electoral con el Ejército y las Fuerzas Armadas como cómplices.
Un día después de haber hecho esa afirmación y de llamar a la desobediencia civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, donde era profesor, González fue detenido ilegalmente por las Fuerzas Armadas y luego fue víctima de desaparición forzada, de acuerdo con la demanda planteada ante la CorteIDH.
Altagracia Ramírez, esposa de González, declaró hoy en una conferencia de prensa que las investigaciones por este caso hechas por comisiones especiales del Gobierno han contado con participación del Ejército, por lo que «se las llevó el viento».
«Cada día me siento más pisoteada», declaró entre lágrimas Ramírez al afirmar que el Gobierno actual, del presidente Leonel Fernández, no ha avanzado en el esclarecimiento del caso.
Ramírez recordó que su esposo fue profesor universitario del presidente Fernández y que ambos participaban en tertulias en las que analizaban asuntos de actualidad del país.
Por su parte, Ariela Peralta, abogada del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), que representa a las víctimas en este caso, aseguró que estos hechos evidencia el «secretismo y hermetismo» con lo que funcionan las Fuerzas Armadas en República Dominicana.
Agregó que la desaparición forzada de Narciso González se trató de una «violación a la libertad de expresión» con el fin de «callar a un activista político opositor y un periodista formador de opinión» en el marco de un «régimen de terror».
Rafael Domínguez, miembro de una Comisión de la Verdad creada para este caso, comentó que en 1997 una fuente militar le dijo que se habían esclarecido los hechos, pero que el informe sólo sería entregado directamente al presidente Fernández, en su calidad de máximo jefe de las Fuerzas Armadas.
Según Domínguez, Fernández (quien también fue presidente entre 1996 y 2000) se negó a recibir el informe porque se saltaba en la cadena de mando al secretario general del Ejército, y ordenó la creación de una comisión mixta investigadora, por lo que ese informe nunca salió a la luz.
Afirmó que no ha habido «voluntad política» para resolver el caso y que las investigaciones se han basado en información aportada por la familia de la víctima y la Comisión de la Verdad.
La audiencia pública de este caso ante la CorteIDH se realizará mañana y el miércoles en la sede del tribunal en Costa Rica, y en ella participarán representantes del Estado y de la víctima, peritos y familiares de González. Un fallo por este caso podría ser emitido este año. EFE
