De acuerdo con datos estadísticos, República Dominicana estaría recorriendo un camino de insostenibilidad fiscal que debe ser corregido con un ajuste ordenado a partir del saneamiento de las finanzas públicas.

Algunas cifras reveladoras indican que el gasto del Gobierno central ha experimentado un incremento sostenido durante los últimos años, aumentando en términos nominales 840% entre 2000 y 2012 y casi triplicándose en términos reales durante ese mismo período, hasta 186%.

Así mismo, desde el 2001 a la fecha se han registrado déficit fiscales del Sector Público No Financiero (SPNF) todos los años, con la sola excepción de 2007, y que de acuerdo al Banco Central los déficit fiscales promediaron RD$ 54,297.7 millones entre 2008 y 2011.

También la deuda del SPNF, según la Dirección General de Crédito Público, desde diciembre de 2000 hasta julio de 2013, se ha incrementado en 584% pasando de US$3,242.5 millones a US$22,185.7 millones.

Esta predicción de insotenibilidad fiscal y estas cifras se encuentran plasmadas en los considerando del proyecto de la Ley de Responsabilidad Fiscal en la República Dominicana, elaborado por el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES) y la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), que fue sometida a la Cámara de Diputados en octubre pasado y busca corregir estas deficiencias de prácticas fiscales.

El proyecto de ley dice que el servicio de la deuda pública, que incluye pagos de intereses y amortización, se ha elevado constantemente por el incremento de la deuda pública, reflejándose en la relación servicio de deuda sobre ingresos corrientes, alcanzando un 16.5% en el 2000 e incrementándose a 33.7 por ciento en 2012.

Resalta que las consecuencias de altos déficit fiscales y su traducción a endeudamiento público contribuyen a un deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos.

El proyecto de ley tiene como objetivo establecer las reglas y condiciones para el logro de una prudente, responsable y transparente gestión financiera del Estado, base esencial para el desarrollo económico y sostenible de la Nación.

Esta ley sería aplicable a todas las entidades, servidores y funcionarios del Estado.

Reglas claras. El proyecto de ley establece reglas sobre el gasto, metas del déficit fiscal, reglas sobre endeudamiento público y reglas de superávit fiscal.

Por ejemplo, el artículo 5 dice que el incremento anual del gasto total del SPNF no puede ser mayor al tres por ciento en términos reales. Mientras que el 8 establece que la ejecución presupuestaria del SPNF no puede presentar déficit anuales.

Así mismo, el artículo 10 establece un límite al endeudamiento público, pues la deuda del Sector Público Consolidado como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) no puede superar en ningún caso el 40 por ciento.

Crea fondo. El proyecto de ley habla de la creación de un Fondo de Estabilidad y Sostenibilidad Fiscal (FESF), el cual se alimentará del 80% de los fondos de superávit fiscal de cada año fiscal, si los hay; del 80% de los ingresos de cada operación de venta de activos del Estado, por privatización y/o capitalización de empresas públicas; del 80% de los ingresos fiscales no presupuestados; del 80% de los ingresos provenientes de las concesiones vinculadas a la explotación de recursos naturales y mineros, entre otros.

Y el el FESF operará como un fideicomiso de conformidad con las previsiones de la Ley No. 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario, y los recursos del mismo serán utilizados para la reducción y sostenibilidad de la deuda pública en los casos y formas previstos en la ley; para atender situaciones de calamidad pública derivada de desastres o catástrofes naturales entre otros.

Nueva entidad. Este proyecto de ley crea la Oficina Congresual de Presupuesto y Análisis Económicos que tiene entre sus funciones realizar estudios y análisis de proyectos de ley e informar sobre el impacto económico y social de los mismos; entre otros.

La ley además busca lograr un desmonte de deuda pública del límite establecido de 40% del PIB y pone como fecha límite el 2016 para lograr los objetivos que se plantean en la ley.

También establece modificaciones a varios artículos de la Ley de Crédito Público.