La República Dominicana “fue, por mucho, el país que más aumentó su puntuación” en el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), correspondiente al año 2021, que publican en un esfuerzo conjunto por tercer año consecutivo Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks.
En la entrega se examina 14 variables clave relacionadas con las instituciones responsables de enfrentar la corrupción, las instituciones democráticas y la actitud de los medios de comunicación y la sociedad civil.
“Se realizaron investigaciones sobre antiguos funcionarios del gobierno acusados de corrupción”, explica el informe sobre el proceso ejecutado en el país, que por segunda vez incluye 15 países, en el que el primer lugar fue para Uruguay con puntuación de 7.80.
La República Dominicana obtuvo un 4.38%, considerado un avance importante (34.3%) sobre los 3.26 puntos que logró en el reporte del año 2020. Más significativo aún, porque mejoró su nota en un período en que 5 países experimentaron un descenso significativo.
Mientras el índice dominicano se incrementó “la lucha contra la corrupción, en América Latina sufrió una nueva oleada de tropiezos durante el último año”, según resalta el informe.
Destaca que la pandemia del COVID-19 “llevó a los gobiernos y a los ciudadanos a desviar su atención hacia otras prioridades”, dando “espacio a los políticos para disminuir la autonomía y los recursos de los órganos judiciales, sin que se desencadenara la indignación popular, como ocurrió en años anteriores.
El Índice CCC tomó en cuenta la cantidad de recursos disponibles para combatir los delitos de cuello blanco, y se basa en datos extensos y en una encuesta patentada realizada entre los principales expertos anticorrupción de Control Risks, el mundo académico, la sociedad civil, los medios y el sector privado.
Con puntación máxima de 10, el índice de la capacidad legal fue 4.21, de la democracia e instituciones políticas 4.11 y la sociedad civil y medios de comunicación 5.27.
¿Cómo se obtiene? El CCC se obtiene de evaluar la independencia y eficiencia judicial, independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, acceso a la información pública y transparencia del gobierno, independencia y recursos de la fiscalía general y los agentes de investigación, calidad de los instrumentos de delación premiada y nivel de cooperación internacional en materia de orden público.
Además, valorara la calidad y aplicabilidad de la legislación sobre financiación de campañas, procesos legislativos y de gobierno, calidad general de la democracia, movilización de la sociedad civil contra la corrupción, mejoras en la educación, calidad de la prensa y del periodismo de investigación y comunicaciones digitales y redes sociales.
Más necesario. El informe señala que los esfuerzos para combatir la corrupción son más necesarios en 2021 que nunca antes, porque América Latina ha sido una de las regiones más afectadas por la pandemia, tanto en lo económico como en el número de muertes.
“Con gobiernos sometidos a una presión financiera cada vez mayor, y con los sistemas sanitarios de muchos países gravemente deteriorados, los efectos perniciosos que tiene la corrupción en la sociedad se han amplificado”, dice.
Publicado por primera vez en 2019, el índice evalúa la capacidad de los países latinoamericanos para detectar, castigar y prevenir la corrupción. Pero, en lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción.
El índice se basa en una gran cantidad de datos y en una encuesta propia realizada entre los principales expertos en anticorrupción del mundo académico, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, del sector privado y de institución Control Risks.