La República Dominicana atraviesa un momento crucial para su desarrollo para aprovechar su bono demográfico, una ventana de oportunidad que se mantendría abierta hasta el año 2060, que podría impulsar significativamente su economía.

Así lo afirmó Mario Serrano Marte, representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), al advertir que el país necesita definir políticas públicas claras para lograrlo.

Indicó que la clave está en invertir en la juventud, mejorar la educación, garantizar empleos dignos y reducir las altas tasas de embarazo en adolescentes. “En la medida que fortalecemos las condiciones a esa juventud, entonces podemos aprovechar ese bono demográfico”, afirmó.

El bono demográfico es un período en el cual la proporción de personas en edad productiva (generalmente entre 15 y 64 años) es mayor que la de personas dependientes (niños y adultos mayores).
De acuerdo a estudios de la UNFPA el bono demográfico del país se extiende hasta el 2060, sustentado en una población mayoritariamente joven y una fecundidad de 2.1 hijos por familia.

Serrano añadió que también para aprovechar ese bono se requieren políticas de cuidados dirigidas a los adultos mayores, con acceso digno a servicios y atención, así como fortalecer el sistema de pensiones.
Aunque la República Dominicana aún no enfrenta los retos que atraviesan países europeos con el bajo bono demográfico, Serrano alertó sobre la necesidad de actuar antes de que la tasa de reemplazo disminuya.

Sobre el embarazo en adolescentes, sostuvo que las cifras han disminuido pero el país sigue figurando entre los más altos de la región. Dijo que se necesitan estrategias que incluyan educación sexual en las escuelas, información clara y acceso efectivo a servicios de planificación.

Alertó que el embarazo adolescente afecta los proyectos de vida y genera una carga económica significativa sobre el producto interno bruto. Serrano citó un estudio del UNFPA, conocido como Milena, que revela un dato contundente: por cada dólar invertido para evitar un embarazo adolescente, el país recibe entre 20 y 24 dólares en beneficios.

Serrano habló durante un diálogo por la celebración de Día Mundial de la Población. En evento fue presentado el Instituto de Estadística y Demografía (IED) de la UASD y su director, Julio Cesar Mejía destacó la importancia de fortalecer el marco legal y normativo moderno de la producción estadística nacional, y de que se corrijan las carencias y deficiencias en la producción estadística sobre temas o problemáticas relevantes y prioritarios para el país.

Dijo que el país carece de cifras actualizadas y fiables sobre nacimientos, defunciones, flujos migratorios y población retornada. En particular, la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI), prevista originalmente para 2022, acumuló dos aplazamientos y ahora se ha pospuesto hasta 2026, prolongando una “espada de Damocles” sobre la política migratoria y social.

Otra crítica realizada por Mejía es que en el último censo de población y vivienda (2022) no logró empadronar al 21 % de la población, replicando niveles de omisión del censo de 2002. Esta brecha pone en tela de juicio la credibilidad de la operación censal y evidencia la falta de capacidades gerenciales y logísticas para cubrir todo el territorio nacional con eficacia y transparencia.

“Los registros administrativos —fuente valiosa para estadísticas continuas— adolecen de problemas de integridad, desagregación y estándares metodológicos. A nivel provincial y municipal, la escasez de datos limita la planificación local y el ordenamiento territorial, para el cual la Ley 388 22 exige información detallada”, detalló en su discurso.

Resaltó que el IED se plantea fomentar una comunidad científica plural que promueva la cultura estadística mediante capacitación en procesamiento y análisis de datos. De este modo, se espera aprovechar el “boom” global de información para convertir el acervo de encuestas, censos y registros administrativos en insumos efectivos para políticas públicas.

Expuso que con la inauguración del IED se abre una ventana de oportunidad para corregir estos retos y consolidar un sistema estadístico que aporte transparencia, rigor y herramientas sólidas a la toma de decisiones en la República Dominicana.