Presidente de Adoacero explicó que hasta el momento la DGA y la DGII están fiscalizando y monitorizando a todos los jugadores

República Dominicana debe estar alerta si se producen importaciones masivas de acero desde China, ya que este país está inundando a la región con su “acero barato” y provocando efectos adversos en el mercado, la producción de acero y hasta cierre de empresas.

Así lo advierte el director ejecutivo de la Asociación Dominicana de Acero (Adoacero), Marcelo Salazar, quien dijo que las direcciones generales de Aduanas y de Impuestos Internos deben estar alerta ante importaciones que violen las normativas.

Indicó que la entidad es miembro de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero), la cual ha advertido la preocupación de cómo volúmenes exagerados de importación de acero desde China puedan afectar a los países. Expuso que ya se registra el cierre de fábricas de acero en Brasil y Perú, una muestra de los efectos adversos.

China aumentó su producción de acero entre 2000 y 2023 a casi un 700%. Pasó de producir el 15% del acero del mundo al 54% y en los últimos años tiene poca demanda interna, por lo que busca vender estos productos en otros países con precios bajos, por debajo del mercado, haciendo que a los demás productores les resulte imposible competir.

Salazar explicó que hasta el momento la DGA y la DGII están fiscalizando y monitorizando que todos los jugadores del mercado cumplan la ley.

Resaltó que hasta el momento no se están importando volúmenes de importaciones de acero desmedidas desde China. Además que RD tiene una medida antidumping para las barras o de acero corrugado importado desde China, las cuales deben pagar más de un 45% ad-valorem en las aduanas dominicanas.

El presidente de la Comisión de Defensa Comercial, Juan Rosario y la directora ejecutiva de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (Procompetencia), Fior Alduey, consultados por separado, coincidieron en destacar que si los productores de acero nacionales descubren prácticas desleales al comercio deben hacer una denuncia a dichas entidades, las cuales realizaran una investigación de lugar, ya que su función es garantizar sana competencia.