La República Dominicana debe mejorar su gestión de riesgo ante desastres naturales, pues al evaluarse su gobernanza y políticas públicas su calificación en este tema es preocupante, pues hay un alto riesgo por su ubicación geográfica en el Caribe y estar tan expuesto a los potenciales efectos del cambio climático, resalta un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El organismo destaca que RD tiene un valor de 28% sobre 100% en el Índice de Gobernabilidad y Políticas Públicas en Gestión de Riesgos de Desastres (iGOPP), evaluado en el período 2013-2020. El promedio regional es de un 31% sobre 100%, un porcentaje que indica que existe un margen amplio para mejorar la gobernanza del riesgo de desastres.

Los seis países mejor puntuados son México (62%), Colombia (58%), Bolivia (54%), Perú (52%) y, con 51%, Costa Rica y Ecuador. Mientras los países caribeños se concentran en la parte baja de esta clasificación, Suriname (6%), Haiti (9%), Trinidad y Tobago, Belice y Guyana con 12%.

El iGOPP está conformado por 245 indicadores que reflejan las condiciones normativas, institucionales y presupuestales para implementar una política pública en Gestión de Riesgo de Desastre (GRD) efectiva.

El BID destaca que existe evidencia empírica de que las mejoras del 1% en la puntuación del iGOPP se asocian en promedio a una reducción del 3% de las víctimas mortales y de hasta un 6% de las pérdidas económicas por desastres.

El estudio del BID “Política Fiscal y Cambio Climático: Experiencias recientes de los ministerios de finanzas de América Latina y el Caribe”, recoge estos resultados y recomienda que los ministerios de finanzas y planificación de la región consideren políticas fiscales para acelerar la transición hacia economías verdes y allanar el camino para que la región cumpla con las metas de descarbonización.

De acuerdo al estudio, República Dominicana podría ser el noveno país de 27 naciones con mayor recaudación como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB) por el impuesto al carbono, específicamente por subsidio fiscal, contaminación del aire local (congestión, accidentes y daños a carreteras) y por contaminación global, tomando en cuenta una estimación del FMI.
Un impuesto al carbono es una tarifa impuesta a los combustibles fósiles y otros productos en función de la cantidad de gases de efecto invernadero que emiten.