República Dominicana enfrenta importantes retos en materia de telecomunicaciones, entre estas la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios de Internet y la revisión del marco legal, de acuerdo a la Sociedad de Internet en la República Dominicana (ISOC-DO).
Explica que República Dominicana debe trabajar en mejorar la protección de datos personales y la privacidad de los usuarios de Internet, apoyando una mayor educación en las responsabilidades y compromisos de las organizaciones para la gestión responsable de los datos que son adquiridos a través de medios físicos y digitales.
También debe trabajar en la revisión del marco legal. “Aunque el país ha sido pionero en muchas de las leyes que regulan el proceso de transformación digital, es momento de tomar acciones para impulsar el cambio acorde a la realidad actual en las regulaciones sobre: Telecomunicaciones (153-98); de Comercio Electrónico y Firmas Digitales (126-02); Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (53-07); Protección de Datos Personales (172-13), entre otras” dice la entidad.
Destacó que el país celebró en mayo pasado 23 años de contar con el servicio de Internet en el país con más del 60 por ciento de la población con acceso a la red. Expresó la importancia que desde el Gobierno y el sector privado le han dado al desarrollo digital, destacándose el impacto socioeconómico de estos impulsores de la transformación digital tales como: economía digital; servicios públicos en línea; combate a las amenazas cibernéticas y proveedores de servicios de Internet, estos últimos han contribuido a que una cantidad superior a 7.2 millones de dominicanos accedan a Internet.
Sin embargo, ISOC-DO, una asociación privada de carácter civil, sin fines de lucro y de finalidad pública, creada para promover el desarrollo, acceso y la adopción de nuevas tecnologías de la información y comunicación, aprovecha esta fecha para recordar las tareas pendientes en materia de comunicaciones.
Explican que otro tema pendiente es fortalecer los derechos de los usuarios en materia de acceso asequible a Internet para reducir la brecha digital; respeto a los contratos de servicios de Internet por los proveedores; reglamentación de la protección de la privacidad de los datos y ampliarlo a sectores como los de salud, educación, turismo; tratamiento de desechos; ampliar las capacidades para la persecución de la ciberdelincuencia; entre otros.
Abogan por la reducción de la brecha digital de género e impulsar el financiamiento y desarrollo de los emprendimientos digitales.