Hoy 
Participación Ciudadana.
En el Barómetro Global de Corrupción 2017, la República Dominicana con el porcentaje mayor de entre los que afirman haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos. De los encuestados, el 51% en México y el 46% en la República Dominicana, constituyen el porcentaje mayor de entre los que afirman haber pagado un soborno para acceder a servicios públicos básicos.
Participación Ciudadana presentó un nuevo Informe denominado:“Las personas y la corrupción: América Latina y el Caribe”, que concluyó que el 29% de los ciudadanos/as que utilizaron seis servicios públicos clave (escuelas, hospitales, adquisición de documentos de identidad, servicios públicos, policía y tribunales) pagaron algún soborno.
Dentro de las cinco preguntas claves incluidas en la encuesta aplicada, los países que registraron respuestas más negativas fueron Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela, mientras que Ecuador, Guatemala y Uruguay muestran las respuestas más positivas. Aproximadamente la mitad de los encuestados señalan que casi todos o todos los policías y los políticos son corruptos (47% en ambos casos), una proporción mayor a la adjudicada a cualquier otra institución.
En función de las respuestas de sus ciudadanos, Colombia, República Dominicana, México, Perú y Venezuela, tienen el peor resultado, dado que reciben calificaciones negativas en cuatro de los cinco indicadores. En estos países, los índices de soborno son elevados, se percibe un alto grado de corrupción policial y los ciudadanos tienen una perspectiva negativa tanto de los esfuerzos gubernamentales contra la corrupción, como de la merma en el nivel de corrupción.
Según el informe, “los reclamos de rendición de cuentas y transparencia que expresan los ciudadanos/as no están siendo atendidos por los gobiernos. Es necesario que los gobiernos tomen mayores medidas para erradicar la corrupción en todos los niveles, sobre todo en los organismos encargados de velar por el cumplimiento de la ley, los cuales deben tener un papel clave en la lucha contra la impunidad. Deben fortalecer la independencia de los mecanismos para la investigación y el juzgamiento de los corruptos y brindar mayores protecciones a quienes denuncian hechos de corrupción”.
La encuesta de Transparencia Internacional realizada a más de 22,000 personas de 20 países de la región, muestra que los gobiernos de América Latina y del Caribe no están cumpliendo los reclamos de sus ciudadanos/as de que combatan la corrupción. A pesar de las manifestaciones contra la corrupción que tuvieron lugar en el último año en países como Brasil, Guatemala, la República Dominicana y Venezuela, alrededor de dos tercios (62 %) de los encuestados dijeron que la corrupción había aumentado.
El Barómetro Global de Corrupción 2017, exhorta a los gobiernos a invertir en medidas para fortalecer el acceso a la justicia y el Estado de Derecho, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de jueces, la intangibilidad de sus salarios, las debidas condiciones de trabajo del personal judicial y criterios transparentes para la asignación de causas.
También recomiendan a los gobiernos, fortalecer la capacidad de investigación de la policía con técnicas de inteligencia especializada, afianzar las medidas disciplinarias internas y establecer mecanismos de rendición de cuentas permanentes y sistemas integrados de gestión en toda la institución.
El soborno es una experiencia demasiado habitual para muchas personas de la región que necesitan acceder a servicios básicos. Se calcula que, en los 20 países sondeados, más de 90 millones de personas tuvieron que pagar un soborno, lo que equivale a casi una de cada tres de las personas que acceden a estos servicios.
Transparencia Internacional insta a los gobiernos tomar medidas para reducir los sobornos en los servicios públicos, preparar a la sociedad civil para participar en la lucha contra la corrupción, sanear la institución policial, proteger a los denunciantes, invertir en medidas para acceso a la justicia y el Estado de Derecho, a fortalecer sus sistemas judiciales, asegurando un proceso objetivo y transparente para el nombramiento de jueces y criterios transparentes para la asignación de causas.
