SAN JUAN (AP).- Una organización de derechos humanos en Puerto Rico inició una campaña para presionar al presidente de la República Dominicana, Leonel Fernández, a cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó reconocer la nacionalidad dominicana de los niños haitianos nacidos en sus fronteras.

Ante la anunciada visita de Fernández a Puerto Rico el 9 de marzo, el Comité pro Niñez Dominico-Haitiana alertó en un comunicado sobre la violación del presidente dominicano a la determinación que el tribunal internacional emitió el 8 de septiembre de 2005.

Fernández visitará por invitación de la Asociación de Industriales y el Comité solicitó a las empresas que auspician la visita del mandatario a que ejerzan «sus mejores oficios»» para exigir que el gobierno dominicano cumpla la sentencia de la Corte y «reconozca el derecho al nombre y a la nacionalidad de esa niñez»».

La decisión vino a atender el limbo jurídico en que quedan los hijos de los trabajadores de Haití que nacen en los bateyes localizados en la frontera entre ambos países y que se les niega la nacionalidad dominicana.

«Los auspiciadores de una actividad que busca promover la inversión y el comercio con República Dominicana deben ser conscientes de que miles de personas haitianas y de ascendencia haitiana han sido fuente de mano de obra baratísima para el mismo sector empresarial y terrateniente que busca negarles permanentemente derechos humanos»», señaló el comunicado del Comité.

El vicepresidente ejecutivo de la Asociación de Industriales, William Riefkhol, dijo el vieernes a la AP que: «Lo más que podemos hacer es tratar de que esta parte del Caribe sea más próspera y que se atiendan los problemas de salud y educación»».

Se estima que en la frontera entre República Dominicana y Haití viven entre 500.000 y un millón de personas, en su mayoría haitianas, que cruzaron la frontera para trabajar en las plantaciones de caña de azúcar y viven en los bateyes que carecen de agua potable y energía eléctrica, así como servicios de salud y educación.

La organización Human Rights Watch ha dicho que hasta un 6% de las personas que viven en esa frontera estaría contaminado con el virus de VIH-sida.