Buenos Aires.- La “captura” del Estado por parte de las élites políticas y económicas a través de diversos mecanismos profundiza la pobreza y la desigualdad en Latinoamérica, según un informe de la organización no gubernamental Oxfam difundido hoy.

“Democracias capturadas: el gobierno de unos pocos”, elaborado en colaboración con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso), explora los mecanismos de “captura” de la política fiscal por parte de las élites y su impacto entre 1990 y 2017 en la desigualdad en América Latina y el Caribe.

“Una de las políticas que es clave para enfrentar la desigualdad es la fiscal y el informe se centra en estudiar cómo las élites han influido en el diseño de las políticas fiscales”, explicó hoy la economista Rosa Cañete Alonso, autora del informe.

La experta, responsable de Desigualdad, Fiscalidad y Captura del Estado para Oxfam en América Latina y el Caribe, precisó en una charla con periodistas que el impacto de estas políticas ha tenido un resultado negativo en seis países de la región (Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, República Dominicana y El Salvador).

En esos casos, explicó, el resultado de la aplicación de una política fiscal basada en impuestos como el IVA y no en tributos a la riqueza o la renta financiera “no solo no enfrenta la desigualdad y la pobreza sino que llega a tener un impacto de aumento de la pobreza«.

El informe advierte que mientras en 2000 el 1 % más rico de Latinoamérica concentraba el 33 % de la riqueza, esa concentración se había elevado al 37 % para 2017.

El estudio tuvo en cuenta trece casos de “captura” del Estado, el ejercicio de influencia abusiva por el cual una élite determina las políticas públicas en favor de sus intereses y en detrimento del interés general.

Así, se identificaron once mecanismos de captura, de los cuales los más utilizados para influir en las políticas fiscales son las campañas mediáticas y la “puerta giratoria”, fenómeno por el cual hay un movimiento sin obstáculos de altos cargos entre instituciones públicas y empresas (domésticas y trasnacionales), pudiendo incluir organismos internacionales.

“En los últimos años ha habido un avance del sector empresarial ocupando cargos público, tanto a nivel presidencial como parlamentario. Un 22 % de los escaños parlamentarios en diez países de la región están ocupados por empresarios y esto genera conflictos de intereses”, dijo a Efe Cañete Alonso.

Otro mecanismo son los procedimientos extraordinarios convertidos en ordinarios, por ejemplo, convertir en algo habitual la renegociación de contratos de las asociaciones público-privadas, un proceso en el que las empresas imponen sus condiciones.

También se constató un aprovechamiento de las zonas de oportunidad que genera el sistema político para influir en las decisiones de políticas públicas, por ejemplo, a través de la financiación a los partidos políticos y sus campañas electorales.

Entre los mecanismos también están el cabildeo o lobby; el control de conocimiento o “velo técnico” que busca revestir de carácter técnico decisiones que tienen una naturaleza política para evitar su debate; y el aprovechamiento o creación de marcos regulatorios que impiden una participación igualitaria de los diferentes actores en las decisiones públicas.

Otros medios utilizados para la captura son la judicialización de las decisiones de políticas pública; los sobornos, el tráfico de influencias y los conflictos de interés; incentivar las marchas y protestas sociales a favor de medidas cuyo principal objetivo es favorecer a las élites; y la opacidad de los paraísos fiscales y el secreto bancario.

“En general en la región estos mecanismos están muy poco regulados, pero sí hay que resaltar un avance en el interés de empezar a regularlos”, observó Cañete Alonso.