México.-La organización Amnistía Internacional (AI) celebró hoy la integración de doce países de América Latina y el Caribe en el Acuerdo de Escazú, hecho que calificó como “importante victoria para el medioambiente y los derechos humanos».

En un comunicado, la organización señaló que la firma de Argentina, Antigua y Barbuda, Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Guyana, México, Panamá, Perú, Santa Lucía y Uruguay “debe inspirar al resto de la región para que siga su ejemplo».

El tratado fue firmado hoy al comienzo de la reunión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas (ONU) en Nueva York.

República Dominicana y Haití también se comprometieron a firmar el tratado en las próximas horas. “Como primer tratado medioambiental regional de Latinoamérica y el Caribe, el Acuerdo de Escazú sienta un precedente histórico para garantizar el derecho de todas las personas a un medioambiente limpio y sano”, afirmó la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.

El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe fue adoptado el 4 de marzo pasado en Escazú (Costa Rica) y para entrar en vigor necesitaba la ratificación de once Estados.

El tratado implementa el principio 10 de la Declaración de Río de Janeiro (1992), que establece salvaguardar los derechos de acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en cuestiones medioambientales.

El Acuerdo de Escazú es el primer tratado de la historia que incluye disposiciones específicas para proteger a quienes defienden el medioambiente, sentando así un ejemplo para el mundo entero.

Guevara señaló que también impone “obligaciones específicas para proteger de amenazas y ataques a las personas que defienden el medioambiente para investigar y castigar cualquier agresión contra estas personas y para garantizar sus derechos a la vida y a la integridad personal».

“Representa una oportunidad vital para establecer la rendición de cuentas por violaciones de derechos humanos relativos al medioambiente”, prosiguió.

No obstante, advirtió de que “con la firma del tratado no basta”, pues los países firmantes deben “tomar medidas concretas para garantizar que esté a la altura de sus ambiciosos ideales y que las decisiones sobre el medioambiente reflejan realmente las opiniones, necesidades y derechos de las personas más afectadas».

El acuerdo entrará en vigor 90 días después de que haya sido depositado el onceavo instrumento de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión.