La República Dominicana montó ayer ante la Organización de Estados Americanos una vigorosa defensa de la posición del Poder Ejecutivo sobre la Sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 y reafirmó el propósito de, con estricto respeto a la institucionalidad, buscar una solución humanitaria a quienes se consideren afectados.

En una sesión informativa del Consejo Permanente, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, César Pina Toribio, leyó la posición dominicana en respuesta a un pedimento de San Vicente y las Granadinas para que se conociera la sentencia que, según ese país caribeño, afecta a segmentos poblacionales de diferentes países miembros.

El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, coincidió en parte con el planteamiento dominicano de buscar de forma mancomunada una solución a problemas derivados de la sentencia con el interés de preservar los derechos humanos. Declaró que este es un asunto que deberá resolverse con la buena voluntad de todos “y de manera concordada con el Estado, porque no hay otra forma de hacerlo”.