El gasto tributario es lo que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo preferencial. Magdalena Lizardo plantea que sean evaluados y rindan cuentas

Desde el año 1990 a la fecha se han aprobado en RD 50 leyes que generan gastos tributarios. 40 de estas son regímenes especiales y 10 son de carácter general.

Estas leyes que otorgan exenciones al pago de impuestos son más comunes frente a los cambios de Gobierno cuando cambia el partido político, explicó la economista y docente, Magdalena Lizardo.

Dijo que desde el 1990 al 1999 se aprobaron nueve leyes; desde el 2000 al 2009 se aprobaron 20 leyes que generan gasto tributario; del 2010 al 2019 se aprobaron 7 leyes y del 2020 a 2023 se han aprobado 14 leyes.

Al participar en el foro para analizar la reforma fiscal de la universidad Intec, Lizardo indicó que el impacto de estas nuevas leyes que generan gasto tributario vinculado a política de desarrollo productivo, es que hacen que el sistema impositivo tenga muchos hoyos.

Porque han permitido ampliar la posibilidad de evasión, pues muchas veces resulta muy difícil controlar que la exención vaya a donde tiene que ir.

Reconoció que siempre habrá presiones para generar exenciones que estén vinculadas al desarrollo de un sector productivo. Sucede aquí y en otros países del mundo.

Expresó que se debe entender esta tensión entre la política de desarrollo productivo que erosionan la base tributaria y por otro lado la necesidad de mayores ingresos.

Por lo que instó a que en la reforma al código tributario se incluya un capítulo para que de manera clara se puedan establecer directrices para indicar de qué forma se pueden utilizar estos instrumentos, exenciones y crédito fiscal con un propósito de desarrollo productivo.

“Y que se concilien estos dos propósitos, suficiencia tributaria y presión para apoyar la creación de empleos y el desarrollo productivo es el gran reto”, dijo la directora del Grupo de Consultoría Pareto.

Expresó que incluir un capítulo como este puede ayudar a mayor transparencia en el uso del gasto tributario.

Y debe ser un mecanismo donde se establezca un mandato escrito bajo qué condiciones se otorga la exención, tiempo de vigencia, objetivos a alcanzar, mecanismo de evaluación y redición de cuentas y sanciones por el mal uso de la exención.