La República Dominicana ya cuenta con los instrumentos legales tanto a nivel nacional  como internacional con la aprobación de la Convención de los Derechos del Mar y la Ley 66-07 que declara al país  “estado archipielágico”, para la ampliación de su espacio marítimo en más de 400,000 kilómetros cuadrados reafirmando  la soberanía nacional  sobre 150 islas menores y un elevado número de arrecifes y emersiones de bajamar.

La  ley con la ratificación de la convención constituye un hito en la historia nacional, sólo comparable al acuerdo de límites con Haití, cumpliendo en gran parte con la agenda pendiente de más de cien años respecto a las fronteras marítimas dominicanas.

Los espacios marítimos dominicano se proyectan desde la parte occidental de la isla de Santo Domingo por un extenso conjunto de 150 islas menores, muchas de ellas pendientes de denominación, varios arrecifes y emersiones de bajamar,  como el Banco de Montecristi, el Banco del Pañuelo, el Banco de la Plata, el Banco de la Navidad, el Banco del Caballo, el Estrecho de la Plata, el Estrecho de la Navidad, el Estrecho de la Beata, el Estrecho de Alto Velo.

Además la gran cordillera submarina de la isla Beata contiguo a la península de Barahona, y de otros elementos naturales que los conectan.

También por medio de la ley se declaran como bahías históricas las bahías de Santo Domingo, espacio comprendido entre cabo Palenque y punta Caucedo y la bahía Escocesa, que va desde cabo Francés hasta cabo Cabrón.

De igual manera la ley amplía de 6 a 12 millas el mar territorial, una zona contigua de 24 millas contadas desde la línea de base archipielágica en dirección a alta mar y una zona económica exclusiva con una amplitud de 200 millas náuticas, medidas a partir de la línea de base archipielágica, es decir desde el arco de arrecifes  y emersiones que bordean fundamentalmente la costa Norte de la República Dominicana.

Sin embargo estos logros fueron el resultado de luchas intensas cuyos antecedentes inmediatos  se remontan a junio de 1996 cuando las autoridades de ese entonces suscribieron un acuerdo de fronteras marítimas con el Reino Unido en desmedro de la soberanía marítima dominicana. En esa ocasión el acuerdo fue denunciado por el ingeniero Carlos Michelén, actual embajador de Asuntos Oceanográficos del Ministerio de Relaciones Exteriores.

El diputado Pelegrín Castillo,  autor de la ley  y quien tomo la iniciativa para que se ratificara la Convención de los Derechos del Mar, al ser entrevistado, expresó que luego de la  denuncia de ese acuerdo se generó un movimiento  por considerarlo lesivo a la soberanía y la integridad territorial

Expresó que fue en ese momento que tomó conocimiento de la problemática de los límites marinos, siendo parte desde la  Unión Nacionalista de los cuestionamientos  a dicho acuerdo que finalmente fue retirado por el Poder Ejecutivo.  Recuerda que lo suscribió el canciller de entonces y el embajador británico.

“Ese acuerdo se manejó de forma inadecuada, porque un instrumento legal internacional de esa magnitud no podía suscribirse en un momento de transición política tan complicado como el de 1996, terminando un gobierno y mucho menos en forma casi subrepticia”, indicó Castillo.

Señaló que el primer gobierno del presidente Leonel Fernández, se hizo eco de las denuncias y a solicitud del Senado, retiró dicho acuerdo luego de confirmar la validez  de los cuestionamientos.

“A partir de ahí es el Congreso el que asume la cuestión de los límites marinos.  En el año 1999 pedí oficialmente  un informe al  jefe de la Marina de la época, almirante Víctor Francisco García Alecont, sobre la situación de nuestro espacio marítimo y sus límites”.   

Agregó que redactó un proyecto de ley para que los límites marinos se llevaran a opciones mejores, y simultáneamente  reclamó al Poder Ejecutivo el envío de  la Convención de Derechos del Mar al Congreso, que a pesar de haber sido suscrita en 1983, nunca fue sometida al trámite de ratificación por el Congreso. Eso sólo  ocurrió en la segunda legislatura del año 2000.

Indicó que empezó a trabajar técnicamente  sobre las fronteras marinas con el apoyo de una serie de instituciones así como de expertos en derechos del mar.

Más adelante recuerda que en importantes eventos de expertos internacionales sobre fronteras marítimas como en Mónaco y ciudad México participaron comisiones de diputados en las que presentaron la opción archipielágica de República Dominicana con muy buena ponderación por parte de los entendidos   

Castillo afirmó que para la formulación técnica como referencia “se tomaron 21 casos de estados archipielágicos en el mundo especialmente el caso de Jamaica y se contó con la asesoría de expertos cartógrafos franceses incluida la  base de datos de información satelital, bajo la dirección del ingeniero Carlos Michelén quien recibió una encomienda de las comisiones de trabajo de la Cámara de Diputados para tales fines.  

Otros Estados reconocidos como archipielágicos en el mundo son Kiribati, Islas Marshall, Islas Salomón,  Papúa Nueva Guinea,  Saint Tomé y Príncipe, Comores y Mayotte, Antigua y Barbuda, Bahamas, Vanuatu, Indonesia, Filipinas, Timor Oriental, Tuvalu, Cabo Verde, Fiji, Trinidad y Tobago, San Vicente y las Granadinas.

 “Por primera vez en la historia, el Congreso Nacional formula declaraciones interpretativas. Ahora es necesario que el Poder Ejecutivo, conforme a las mejores prácticas de delimitación de fronteras marítimas,  conforme una comisión de alto nivel  de carácter interinstitucional, que cuente con la mejor asesoría nacional e internacional, para cumplir con el mandato de la nueva constitución que ordena en el artículo 9 numeral 2, procurar “acuerdos de delimitación de fronteras marinas en los términos más favorables permitidos por el Derecho del Mar”    señaló.

Destacó que el país ahora tiene una superficie marítima de  50,122 kilómetros cuadrados y una zona exclusiva de 380, 221 kilómetros cuadrados lo que equivale si lo sumamos a la superficie terrestre, a cerca de medio millón de kilómetros en el centro del Caribe. Lo que ensancha enormemente las posibilidades de desarrollo del país que tiene una densidad  de 185 habitantes por kilómetro cuadrado.  

En ese sentido destacó que además de establecer fronteras se impone una política de exploración e investigación de dichos espacios lo que ha empezado a hacerse  en la zona Sur con la reciente expedición del buque de la Armada Española Hespérides

Finalmente Castillo recordó que en el siglo XXI la humanidad dependerá cada vez más del mar en el que se encierran enormes riquezas tales como hidrocarburos, hidratos de metano, minería en forma de nódulos polimetálicos, así como espacios para la producción de alimentos marinos y maravillosos principios activos para la medicina y la biotecnología.