Este artículo hace un recuento del proceso de liberalización de los mercados en la República Dominicana e invita a los hacedores de política de la sociedad dominicana a seguir recorriendo el camino que queda por delante, ya que los acuerdos de libre comercio son necesarios, pero no suficientes, para mejorar la distribución de la riqueza en nuestro país. Aquí decimos por qué.

[b]1. Antecedentes[/b]

Hace ya varios años que la República Dominicana decidió insertarse en la economía mundial y trabajar por logros en un ambiente de apertura de mercados.

Desde 1990, cuando el modelo de Sustitución de Importaciones ya había colapsado, el entonces Presidente Balaguer no tuvo otra opción que adoptar una serie de medidas de corte liberal, quizás a regañadientes, para poder continuar con su política de inducción de la demanda agregada a través de la construcción de obras viales, complejos habitacionales, presas y zonas francas, principalmente.

El primer ejercicio de apertura comercial se concretizó en cambios estructurales básicos a nivel arancelario, fiscal, laboral y de inversión extranjera, aunque otros sectores como el sistema judicial, la reforma del sector eléctrico y la reforma del sistema financiero quedaron postergados para 5 y 10 años más tarde. La competencia y la eficiencia productiva fueron frases que se pusieron de moda.

El país necesitaba la brisa fresca de la libre competencia. El inglés Adam Smith nos habla en sus escritos de esa «mano invisible» que da forma a las economías de manera natural, donde cada agente económico es dueño de su propio destino, tomando las decisiones que entienda pertinentes, frente a una gama de bienes y servicios diversificados.

Las reglas del comercio internacional no se aplican exclusivamente a algunos sectores productivos de bienes y servicios. La modificación del modelo económico encontró a grupos tradicionales del sustento económico rezagados, no necesariamente por la apertura de mercados, sino por la aplicación de las reglas de mercado contempladas dentro de prácticas desleales y subsidios a productos domésticos, dentro de la estructura económica de un país.

Como evidencia empírica tenemos que el aporte del sector agropecuario al PIB se había reducido de un 9.91% en 1984 a un 7.22% en 19901, en una época donde se aplicaban políticas proteccionistas y se desconocían los nuevos retos que enfrentaría la República Dominicana.

[b]2. Globalización[/b]

La globalización es un instrumento útil si sabemos aprovecharlo. Este nos ha permitido el intercambio de experiencias, de tecnología, de inversión, de conocimiento. Con ella llegó la computadora, la automatización de los servicios y de la producción, el Internet, el celular y productos de calidad que solo se conseguían en el exterior. No es, como afirman los escépticos, que es un instrumento del demonio y/o de de fuerzas extranjeras. Estos, si quieren imponer criterios, lo harán sin importar el sistema. Lo importante es que tomemos aquellos puntos que nos son favorables y que son definidos a través de las negociaciones comerciales.

Al estar nuestra economía más anclada a las variables internacionales, vemos precisamente como los sectores más vinculados a ella pasaron a ser el motor de la economía dominicana. Me refiero al turismo, zonas francas e inversión extranjera directa de varios niveles, como las telecomunicaciones y la construcción. Tal es el caso de México que vio incrementada la inversión extranjera directa luego de la firma del acuerdo de libre comercio con Estados Unidos y Canadá (NAFTA), como se muestra en la gráfica A.

A partir de los cambios políticos suscitados entre 1996 y 1998, entramos en una nueva fase donde el entonces Presidente Fernández encuentra una economía mundial y nacional en condiciones favorables. Para ser más precisos, se encuentra con un barril de petróleo a US$8, las empresas de CORDE en total poder del Estado para ser reformadas, una balanza de pagos relativamente equilibrada y unas finanzas públicas estables.

El Presidente Fernández ejerce su gobierno en terreno fértil para, utilizando sus palabras, «modernizar» el Estado dominicano. Si bien la modernización se experimentó en diferentes niveles, la balanza de pagos sufrió un revés, cuando las importaciones se incrementaron en un 40%, mientras que las exportaciones solo lo hicieron en un 10%.

Esto creó una situación de fragilidad de la economía, conocida por todos los economistas, ya que el déficit de la balanza de pagos se mantuvo cerca del 4% del Producto Interno Bruto (PIB), la cual se percibió con mayor énfasis ante el incremento paulatino del barril del petróleo y el desgaste de la economía norteamericana. También hay que reconocer que se dio paso a una reforma judicial necesaria para todo el país.

Hoy por hoy sabemos que la «modernización» del Estado no es suficiente. Al contrario de lo que se puede pensar, sin el cuidado estructural de la economía esta tiende a ser más frágil, ya que bajo este esquema se permite la entrada de capitales golondrinas, la firma de contratos dolosos, aunque parezcan «modernos» y permitiendo la corrupción, si no existe un interés firme desde las más altas esferas del Estado a frenarlo y enfrentarlo.

Ejemplos hay en toda Latinoamérica, fruto de experimentos y de políticas no maduras. Pasó con Argentina, donde por la «modernización» del Estado entró suficiente capital foráneo para luego salir y dejar atrás una inmensa crisis y deuda a los argentinos, debido en gran parte a la falta de un segundo nivel de reformas fiscal y manteniendo la caja de convertibilidad2, la cual se hizo insostenible en el tiempo.

En Ecuador y Bolivia, las medidas liberales pasaron trayendo estabilidad y hasta progreso. Hoy esas naciones han vuelto a resucitar fantasmas del pasado de inestabilidad superados, debido a la falta de reformas adicionales. En el Perú, aunque fue de los más favorecidos en la década pasada, vemos como la pobreza persiste, lo que da cuenta de la pobre distribución del ingreso, precisamente por la falta de reformas.

[b]3. Retos[/b]

La República Dominicana recibe el nuevo milenio (2000), y el recién electo Presidente Hipólito Mejía, con nuevas variantes macroeconómicas, tanto de origen externo como interno, que viene a ser un común denominador en Latinoamérica.

Las de origen externo son ampliamente conocidas. La reciente desaceleración de la economía de los Estados Unidos, el incremento en más de un 100% de los precios internacionales del petróleo y sus derivados, el descenso de las remesas de los dominicanos residentes en el exterior, las nuevas restricciones sobre la movilidad de capitales tras los ataques del 9/11, reforzados con nuevas leyes sobre el lavado de dinero, le restó aceleración a la economía dominicana. El dinero generado por estos flujos de capitales, si bien no determinan necesariamente la formación de capital, significa un colchón de ajuste para financiar los déficits de la balanza de pagos y, por consiguiente, que el impacto de las variaciones cíclicas de la economía no tuviera un efecto desestabilizador en las Cuentas Nacionales.

Las variantes de origen interno obedecen más a circunstancias coyunturales relativas a las expectativas racionales por parte de la población dominicana sobre el curso del gasto público, la incertidumbre por parte de los grupos económicos tradicionales y las variaciones del espectro político nacional, al ir desapareciendo físicamente los líderes políticos tradicionales.

Obviamente, la economía dominicana ha leído estas señales y las tradujo inicialmente en un sobrecalentamiento, al incrementarse la masa monetaria y el gasto de gobierno, lo cual indujo a un incremento de la demanda cuando por el lado de la oferta los inventarios de las compañías y sus inversiones se habían recortado.

Esto, conjugado con una sobre apreciación del tipo de cambio para diciembre de 1999 cuando se mantenía a RD$16.00 3 pesos por dólar americano, conllevó a un proceso de inflación y al posterior ajuste de la economía dominicana, a través de una serie de políticas restrictivas y de austeridad que necesariamente tenderán a la estabilidad de las finanzas públicas.

[b]4. Avances[/b]

Para enfrentar estos retos el Presidente Hipólito Mejía somete una serie de reformas que podemos catalogar de profundas y de carácter «estructural». Se procede con una reforma fiscal, una reforma monetaria al someterse y aprobarse el Código Monetario y Financiero, reforma de salud y pensiones, al someter la Ley sobre Seguridad Social y que da paso a la creación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) en la República Dominicana. De igual manera, crea y promulga la ley sobre la competencia en el comercio, con miras a los avances del país en materia de comercio internacional.

Se vislumbran noticias alentadoras al conocerse que la economía norteamericana creció un 2.4% en el segundo trimestre de este año4, que se espera un crecimiento de las remesas a Latinoamérica en un 7%, que los precios del petróleo tenderán a estabilizarse tras el referendo en Venezuela (independientemente de quien salga favorecido debido al agotamiento de la incertidumbre), los anuncios de nuevas inversiones turísticas y la entrada en funcionamiento de nuevos puertos que bien podrían reactivar e integrar varias zonas de la costa norte del país al conglomerado económico.

Las reformas estructurales, aunque introducidas de shock, tienen vigencia reconocida que permiten un fortalecimiento y diversificación del sector privado. Estas nuevas condiciones, unidas a los planes de ajuste con el Fondo Monetario Internacional (FMI), dan pie a uno de los hechos más trascendentales de la historia económica y diplomática de la República Dominicana: Un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos de América, principal socio comercial del país.

Las negociaciones comerciales entre países dependen, entre otras cosas, de las relaciones de intercambio comercial, cuestiones estratégicas de política exterior y seguridad nacional, así como de la habilidad de los negociadores para captar el «momentum» que de paso al avance y posterior firma de un acuerdo de esta categoría. La República Dominicana ha logrado combinar satisfactoriamente estos tres (3) elementos para que este acuerdo comercial esté en la agenda del Congreso Norteamericano de la próxima legislatura ha iniciarse en los próximo días.

Según un estudio de la CEPAL5, la demanda agregada inducida por el gasto público está restringida por los planes de ajuste económico. Lo único que sugiere una expansión en estos términos vendría determinada por el incremento de las exportaciones de productos básicos tradicionales (como los productos agrícolas y minería), la incorporación de otras zonas como polos turísticos nacionales, tales como Cabarete, Montecristi, Rio San Juan, Pedernales, Barahona y Palmar de Ocoa; y en última instancia, el divorcio en lo posible de las políticas fiscales de las monetarias bajo una mayor independencia del Banco Central.

Un acuerdo comercial con Estados Unidos y una posterior conclusión en el ALCA, no es contrario a este esquema de expansión económica. De hecho, prevé un afianzamiento de los principales sectores generadores de divisas (zonas francas y turismo), ya que nos cubre de futuros esquemas de preferencias desfavorables para República Dominicana. También es coherente con el incremento de la expansión de la producción no tradicional, ya que según el Plan Nacional de Competitividad6, este sería, uno de los renglones más favorecidos, a través de la exportación de productos orgánicos, frutas y vegetales, como sucedió en México al incrementarse su base de exportación, como aparece en la gráfica B.

Estos puntos vendrían perfilados en las negociaciones comerciales principalmente por los temas de acceso a mercados, servicios, inversión y reglas fitosanitarias.

El autor es economista y diplomático dominicano