RD necesita más cambios institucionales

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POR GERMAN MARTE
El Banco Mundial afirmó ayer que República Dominicana precisa instaurar cambios institucionales de base que fortalezcan el sistema financiero a fin de limitar las oportunidades de fraude y colusión facilitadas por una supervisión poco transparente.

 También para eliminar la práctica de préstamos a partes relacionadas, así como eliminar la interferencia política en las funciones de supervisión.

En su “Memorando  Económico de la República Dominicana: Las Bases del Crecimiento y la Competitividad”, dado a conocer ayer, el Banco Mundial señala que la crisis bancaria del 2003 demostró que la debilidad institucional ahoga los efectos positivos del crecimiento económico, a pesar de la sólida base de este.

Indica que algunas de las reformas prioritarias que se proyectaron aplicar con la Ley Monetaria y Financiera del 2002 fueron los períodos limitados de funciones para los miembros de la Junta Monetaria del Banco Central –incluidos el gobernador del BC y el Superintendente de Bancos-, el aumento en la transparencia de las cuentas monetarias y financieras del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, la completa puesta en marcha del Acuerdo de Basilea y otras normas prudenciales internacionales, y la instauración de una supervisión consolidada de entidades financieras.

“Algo se ha avanzado en estas áreas, pero las autoridades deben redoblar sus esfuerzos para evitar futuros choques en el sector financiero, que podrían tener efectos sistémicos”, expresa el informe del Banco Mundial.

MEDIDAS DE URGENCIA

De acuerdo con el BM, urge instrumentar, en el corto plazo, medidas complementarias tales como un enfoque de supervisión orientada a los riesgos por parte de la Superintendencia de Bancos; procedimientos más sólidos de evaluación de riesgos crediticios; recapitalización de los bancos y mayores provisiones para préstamos en mora; la gestión de la liquidez, tanto en moneda local como extranjera, el desarrollo de mercados monetarios interbancarios; mayor capacidad institucional de las demás superintendencias: Valores, Seguros y Pensiones.

Otras medidas urgentes, según el BM, son la modernización de los sistemas de liquidación de pagos y títulos; la mejora del contexto institucional y legal, y de los mecanismos judiciales de puesta en vigor, y desarrollo de regulaciones para implementar leyes recientemente aprobadas.

El informe presentado por Elizabeth Ruppert Bulmer, economista senior del banco para República Dominicana, precisa que tanto el BM, como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo están brindando asistencia técnica a varias de esas áreas, entre ellas, el fortalecimiento de la Superintendencia de Bancos y la mejora de las regulaciones prudenciales, y la supervisión en dos módulos amplios: la introducción de un nuevo  foco de atención de la supervisión, que incluye el fortalecimiento de la supervisión en la Superintendencia  y fuera de ella, y la mejora de la gestión de las capacidades humanas y tecnológicas de la Superintendencia de Bancos.

El lanzamiento del “Memorando Económico de la República Dominicana, Bases del Crecimiento y la Competitividad” se realizó en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en un acto encabezado por Christina Malmberg, representante del BM en el país; monseñor Agripino Núñez Collado, rector de la PUCMM, Miguel Ceara Hatton, del PNUD; el padre José Luis Alemán, director del Departamento de Economía de la PUCMM y Andrés Vanderhorst, director ejecutivo del Consejo Nacional de Competitividad.

ELEMENTOS CATALIZADORES

Según el informe del Banco Mundial, los elementos catalizadores de la crisis económicas del 2003 fueron el elevado costo directo de la crisis bancaria y la subsiguiente intervención de tres bancos comerciales por parte del Banco Central, lo cual representó el 21% del Producto Interno Bruto (PIB). Fruto de la crisis que estalló hace tres años, el PIB real disminuyó 1.9%.

Y subraya que aunque la rápida recuperación parece indicar sólo un impacto de corto plazo sobre la economía, se deben tomar en cuenta los costos a largo plazo asociados al elevado nivel de la deuda pública y a los graves desequilibrios macroeconómicos que causaron una pérdida de confianza.

Por otra parte, agrega el informe del BM, la decisión del Banco Mundial de intervenir evitó las corridas bancarias y el contagio del problema a todo el sistema.

“Sin embargo, al asumir los pasivos de los bancos intervenidos (incluso los depósitos no incluidos en el balance general), la intervención del Banco Central, en la práctica, elevó sustancialmente los costos de resolución, con lo que se incrementó el riesgo de inestabilidad macroeconómica, y esto, a su vez, es nocivo para el crecimiento”, indica el organismo financiero.

La expansión monetaria resultante estimuló la inflación y la depreciación de la moneda debido a que parte de la liquidez no fue esterilizada, añadió.

En cambio, resalta el BM, el apoyo que las instituciones financieras internacionales brindaron a la reforma de las políticas se concentró en políticas monetarias y fiscales prudentes, y el acuerdo de reprogramación de la deuda con el Club de París constituyó una señal positiva, que ayudó a restaurar la confianza en la economía.

Este cambio en las políticas, precisa el organismo crediticio internacional, coincidió con el comienzo del gobierno de Leonel Fernández y trajo consigo cierto grado de optimismo especulativo que contribuyó a la recuperación, ya que el peso se estabilizó y recuperó valor, se apaciguaron las gestiones inflacionarias y disminuyeron las tasas de interés.

Pero señala que a pesar de la rápida estabilización y recuperación de la crisis, aún existen algunos riesgos importantes, como el empeoramiento del balance del Banco Central, que sigue generando grandes déficit cuasi fiscales causados por los pagos de interés de su deuda sustancial.

El BM estima que si bien en la primera etapa de respuesta a la crisis los costos monetarios y fiscales pudieron contenerse parcialmente, “se avanza con lentitud en la larga lista de temas pendientes en relación con la reforma reguladora, que constituye la segunda etapa de respuesta a la crisis”.