La experta en planificación y desarrollo organizacional, gestión de proyectos y presupuesto, Altagracia Estela Germosén Andújar, sostuvo que el país necesita una Cámara de Cuentas que fortalezca los procesos de fiscalización con miras a garantizar informes bien sustentados y elaborados en tiempo oportuno para prevenir y combatir la corrupción.

Germosén Andújar, postulante al nuevo pleno de la CCRD, dijo que en los actuales momentos la institución fiscalizadora requiere de una intervención focalizada hacia aspectos prioritarios que servirán de pilares para el fortalecimiento y transformación institucional que por años ha esperado el país.

“Este cambio debe ser planificado en el corto, mediano y largo plazo a través de metodología e instrumentos idóneos”, expresó.

Sugirió la implementación de un Plan Estratégico Institucional, planes operativos anuales vinculados a los Objetivos Estratégicos, Matriz de Producción Institucional vinculados al Presupuesto, “como forma de tener una visión integradora y holística del quehacer de la institución”.

Es por ello –agregó- que reconocemos que la Cámara de Cuentas de la República Dominicana necesita que los próximos miembros seleccionados por el Senado sean capaces de conducir un proceso de cambio planificado, con sentido de eficiencia, eficacia y economía que les permita identificar oportunidades y construir acuerdos con otras organizaciones para potenciar esfuerzos para entregar a la ciudadanía los resultados que por años ha esperado por resultados.

Germosén Andújar, con más de 30 años de experiencia profesional, dijo que la sociedad dominicana ha cuestionado durante muchos años el desempeño de la CCRD como órgano superior del Sistema Nacional de Control y Auditoría del país, cuyas atribuciones están claramente especificadas en la Ley número 10-04 y en la Ley núm. 311-14 sobre Declaración Jurada de Patrimonio.

“Del mismo modo, escuchamos las justificaciones emitidas por los diferentes plenos de miembros de ese organismo en relación con la falta de recursos financieros para cumplir la misión institucional para la cual fueron elegidos”, señaló.

“Sin embargo, pocas veces como país nos hemos detenido a analizar las medidas concretas que se deben implementar, sin la necesidad de invertir nuevos recursos con miras a fortalecer la institucionalidad de la CCRD”, indicó

En ese sentido, dijo que hay que darle respuestas a múltiples preguntas que pudieran orientar un cambio planificado y profundo en esa institución fiscalizadora.

Entre ellas citó: ¿Cuáles de las instituciones auditadas tienen mayor impacto dentro del presupuesto de la nación? ¿Qué porcentaje del presupuesto auditado se corresponde con los estándares internacionales establecidos? ¿Cuáles son los hallazgos más recurrentes y cuáles son las acciones correctivas a las que se les deben dar seguimiento para evitar prácticas recurrentes? ¿Qué acciones a lo interno de la institución contribuirán al uso eficiente del gasto? ¿Cuáles medidas se hacen imprescindible para el fortalecimiento del desarrollo institucional, para contar con el perfil idóneo que debe tener el personal técnico contratado en las áreas misionales de la institución? ¿Cómo simplificar los trámites o procesos a través del uso de tecnologías de la información y comunicación? ¿Cómo aprovechar el empoderamiento para la puesta en marcha de veedurías públicas?

La aspirante a miembro de la Cámara de Cuentas resaltó que todas estas interrogantes tienen respuestas en diferentes estudios realizados por el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Programas de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), “que reposan en los archivos de esta institución”.

Sin embargo –apuntó- ninguna gestión ha tomado como referencia los resultados de estos informes, a excepción del Pleno liderado por la doctora. Licelott Marte de Barrios, que inició esfuerzos encaminados a mejorar el desempeño institucional a partir de estos estudios, como la revisión de la Estructura Organizacional, adquisición de sistema para la automatización de los procesos de auditoría y gestión presupuestaria; detección de necesidades de capacitación a través de un proceso de evaluación realizados a todos los auditores; implementación de un plan de profesionalización a los auditores acorde a las funciones a realizar; implementación de la escala salarial a los fines de establecer equidad y mejorar el clima organizacional y la gestión y coordinación de mesas de trabajo para articular los diferentes órganos de control.

“No obstante, a pesar de que estos esfuerzos incipientes sentaban bases de transformación, no lograron alcanzar los resultados esperados por la sociedad dominicana”, expresó.

Finalmente dijo que es importante tener en cuenta “que los procesos de cambios institucionales requieren de voluntad de sus gerentes, empoderamiento de sus colaboradores, tiempo y consistencia en los esfuerzos e iniciativas ejecutadas”.