El país no podrá continuar basando el crecimiento de su producción de alimentos en mayores extensiones de terrenos debido a las limitaciones de tierras para uso agropecuario, por lo que deberá establecer una estrategia de aumento sostenido y sostenible de la productividad.

Para uso agropecuario, la República Dominicana  posee 3.4 millones de hectáreas (unos 54.4 millones de  tareas), equivalente a un 71% del total de las tierras disponibles.    Esa es una tasa elevada del uso de tierras a nivel regional y únicamente inferior a la de El Salvador, un país de muy alta densidad poblacional y evidente escasez de terrenos, según establece el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el documento “La ruta hacia el crecimiento sostenible en la República Dominicana”.

 La tierra agrícola disponible para cultivos en el país es de 1.3 millones de hectáreas (unos 20.8 millones de tareas), equivalente a 39% del total de la tierra agropecuaria. Unas 820,000 hectáreas se usan para cultivos transitorios y otras 500,000 para el fomento de cultivos permanentes.

Sin embargo, hay notables diferencias en cuanto a la calidad de la tierra. Sólo el 30% es de calidad excelente o muy buena, 32% de calidad buena y 38% de calidad limitada o marginal. Esas cifras señalan que solo dos tercios de las tierras agrícolas disponibles son de calidad aceptable para la producción en el país.

Los trabajadores de la  actividad agropecuaria se estiman en 513,000 (15% del total de la población activa). Sólo un 64% de los que trabajan en la agricultura tiene educción primaria y un 23% no ha recibido ninguna educación, lo que contrasta con el resto de la población activa, en la que solo un 5% no tiene educación, aunque un significativo 43% solo tiene primaria. La población agraria tiene una clara desventaja en cuanto al acceso a la educación, lo que a su vez limita su capacidad productiva y empresarial.

Las tendencias básicas de la agricultura nacional señalan que este sector ha tenido un escaso dinamismo en los últimos 25 años, con tasas de productividad relativamente bajas y estancadas y un limitado uso de insumos y servicios agropecuarios modernos. También se han destacado las limitaciones de crecimiento futuro para la tierra agrícola por restricciones de cantidad y calidad. Uno de los retos más importante de la agricultura local es cómo elevar la productividad de sus factores productivos en un contexto de limitaciones en la dotación de tierras.

La agricultura del país enfrenta una serie de retos y oportunidades de creciente complejidad.

Uno de esos retos es tendencias y cuellos de botella en la agropecuaria. Otro reto es hacer más eficiente el uso de la tierra y el agua. Ocurre que uno de los cuellos de botella más evidente de la agricultura local es el de la precaria definición de los derechos de propiedad de la tierra, señala el BID, y que la coexistencia de por lo menos tres sistemas de derechos genera un serio problema para otorgar seguridad jurídica y promover el desarrollo de inversiones y de mercados de tierras a nivel nacional.

Es urgente que se avance con una reforma legal e institucional que unifique los tres esquemas en un solo sistemas de formalización de derechos de propiedad. Lo más recomendable es unificar el sistema en torno al modelo de titulación y registro basado en los predios, el cual tiene mayor estabilidad.

Como parte de esa reforma, el BID entiende necesario que se reconozca la plena propiedad de la tierra de los adjudicatarios de la Reforma Agraria en la medida que han venido explotando pacíficamente sus parcelas, evitando cargarles con el costo del posible acceso a la propiedad de un recurso que, en la práctica, ya vienen trabajando de manera directa.

Por tanto, dentro de ese esfuerzo es recomendable que el Gobierno dominicano ponga en marcha un amplio programa de formalización de la propiedad agraria, de tal forma que en los próximos años se logre aumentar significativamente el bajo nivel de formalización.

Además existe la necesidad de ampliar los servicios financieros hacia la agricultura.

El peso del sector estatal en el crédito agrario  es aún predominante en el país, en especial a través del Banco Agrícola y de continuas condonaciones o refinanciación de los préstamos que terminan beneficiando a los prestatarios que no pagan sus créditos en desmedro de los que sí lo hacen.

La intervención pública en el área financiera agraria nacional tiene los mismos problemas que en otras latitudes, con serias limitaciones para ampliar la cobertura y el acceso al crédito de la mayoría de los agricultores que lo requieren.

El sector financiero  privado tiene escaso interés en entrar al sector agropecuario y la política crediticia contribuye muy poco al desarrollo sostenible en un mercado  financiero agrario y rural.

El sector agropecuario es sensible a la disponibilidad de crédito debido a que una buena parte de la actividad sectorial necesita de un período largo de espera antes de poder generar ingresos.

Los productores necesitan financiamiento para desarrollar sus actividades durante los procesos de siembra y mantenimiento de los cultivos, y luego poder vender la producción y pagar los préstamos.

El crédito también es importante para financiar inversiones agropecuarias en compra de ganado, instalación de plantaciones, mejoramiento de tierras, equipamiento de riego o maquinarias.

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Gestión del agua

El agua es un recurso fundamental para la agropecuaria. Las áreas bajo riego, por ejemplo, tienen niveles de productividad mucho más altos que las de secano. En algunos casos, el riego permite generar dos cosechas anuales. En el país el régimen del agua es un recurso de la nación, según la Ley de Aguas, de 1965, sobre el Manejo y Conservación de Recursos Hídricos. Como tal, tiene un régimen de administración del recurso a cargo de las autoridades públicas, lo que no permite que opere un mercado de derechos de agua, restricción que es común en la mayoría de los países de la región. Durante las décadas de 1970 y 1980, el país se caracterizó por el desarrollo de grandes proyectos de presas para regular la irrigación. En años recientes disminuyó ese tipo de obras. Estos proyectos los diseñó e implementó el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI).

La cifra

513,000  Es el estimado  de  trabajadores de la  actividad agropecuaria del país. Equivale al 15% del total de la población activa. Sólo  64% de los  trabajadores  agrícolas tiene educación primaria y el  23% no ha recibido ninguna educación.