La República Dominicana paga hoy el precio de ser acusada de propiciar una condición de apatridia a miles de descendientes de haitianos, por haber cometido el pecado de contratar personas sin estatus migratorio, sin una regularización.
Así se expresó el doctor Julio César Castaños Guzmán, presidente de la Junta Central Electoral (JCE), sobre los cuestionamientos que pesan sobre el país en el contexto de los derechos de los migrantes haitianos.
“Cuando un país transgrede su ley interna, y más en términos de migración, no se puede alegar esa falta para pretender desconocer los derechos que tienen esas personas.
“Y sucede que hemos llegado a la situación que tenemos, encontramos que hay 6,000 personas que procuran sus cédulas de extranjeros y encontramos que había un impase, no estaba fluyendo, pero ya eso se está solucionando”, dijo.
A partir de la sentencia 168-13 se revisó el Registro Civil desde 1929, y se determinó que 55,000 descendientes de extranjeros, en su mayoría haitianos, debían entregárseles sus documentos. De esos se les han entregado a 13,495.