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Este Comité de expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) se encarga de supervisar la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, de la cual República Dominicana es Estado Parte desde el 30 de octubre de 2008.
En esta versión el CONADIS presentó un Informe-País con un relato exhaustivo de las medidas adoptadas por el Estado Dominicano con miras a cumplir sus obligaciones conforme a la Convención, así como los avances realizados a partir de la entrada en vigor de la misma.
Magino Corporán Lorenzo, Director del CONADIS, resaltó que “la República Dominicana está comprometido en su cooperación con el Comité, vio en la Convención un documento base para la colocación de todos los seres humanos en el centro de las políticas públicas y la garantía que todos los ciudadanos puedan desempeñar un papel en el desarrollo del país y disfrutar de sus frutos.”.
Otro de los puntos a resaltar dentro del informe fue la promulgación de la Ley Orgánica sobre Igualdad de Derechos de las Personas con Discapacidad No. 5-13, la cual dio inicio al proceso de armonización de la legislación vigente con las disposiciones de la Convención y su Protocolo Facultativo, siendo la Convención el marco de referencia que se está utilizando en el proceso de consulta para la elaboración de su Reglamento de Aplicación. “Las disposiciones de esta ley son de orden público, de interés social y de observancia general teniendo como objetivo principal garantizar la participación e inclusión plena y efectiva de las personas con discapacidad y sus familias”, dijo Corporán Lorenzo.
Asimismo, manifestó que el Estado a través del Ministerio de Educación está trabajando un plan de educación inclusiva que contempla diferentes componentes: accesibilidad de los centros, formación de los profesores, adaptaciones curriculares, estrategia de inclusión diferenciada a partir de la condición del estudiante. Por otro lado se está avanzando en materia de protección de los niños y niñas con discapacidad a través de la creación de una Mesa Consultiva de Niñez con Discapacidad, un espacio de diálogo entre gobierno, organizaciones sin fine de lucro, sector privado, academias y organismos de cooperación internacional con el propósito asesorar y apoyar a las instituciones garantes de derechos en los procesos de diseño e implementación de políticas públicas inclusivas y que viene a reforzar y fortalecer iniciativas ya en curso como los Centros de Atención Integral a la Discapacidad, el Programa de Tamizaje Neonatal operados por el Despacho de la Primera Dama.
Con relación a la promoción del desarrollo inclusivo con base comunitaria, la sensibilización y la visibilización de la población con discapacidad, se destacó el programa Saliendo del Escondite, que consiste en crear una agenda para la inclusión plena, en la que se involucran el Estado, personas con discapacidad, y la sociedad civil en sentido general, para la construcción de una agenda de trabajo, que incluye: talleres de sensibilización y capacitación, identificación de necesidades en apoyo técnico y una gran jornada de visibilización compuesta por caminatas, exhibiciones artísticas y deportivas de personas con discapacidad donde participa toda la comunidad y sus dirigentes.
El Director del CONADIS dijo que “los medios de comunicación, locales y nacionales son convocados a la actividad y por esa vía es transmitido el mensaje institucional y los avances que se están logrando en el objetivo de erradicar cualquier tipo de discriminación hacia las personas con discapacidad y la violación de sus derechos. Hasta el momento con el programa hemos alcanzado 43 de las comunidades más pobres y excluidas del país”.
En materia de accesibilidad el informe establece que desde el CONADIS se está implementando el Plan Nacional de Accesibilidad con el objetivo de crear espacios completamente accesibles e inclusivos. Para estos fines se han desarrollado varios encuentros con instituciones públicas y de la sociedad civil para consensuar ideas básicas, estrategias e iniciativas de lo que debe ser el plan, con aplicación a nivel nacional, y los alcances del mismo. Este plan inicialmente se aplicará en cinco municipios piloto que de acuerdo a su importancia y grado de aceptación política han sido seleccionados por el equipo técnico de CONADIS, estos son: Miches (Región Este), Guayubín (Región Norte), Santo Domingo Este (Gran Santo Domingo), Sabana Grande de Boyá (Región Central), El Cercado (Región Sur).
“Las normativas y estándares de accesibilidad física se incluyeron en los planes de las escuelas pertenecientes al Programa de Edificaciones Escolares empezado en el año 2013. Hasta la fecha se han construido 601 escuelas de las cuales el 80% cumple con todos los criterios de accesibilidad en el primer nivel, contribuyendo esto a una mejora significativa en la inclusión educativa en nuestro país”, dijo el funcionario.
Magino Corporán afirmó que desde el CONADIS se han estado coordinando iniciativas para la elaboración y evaluación de políticas públicas que promuevan la inclusión laboral de las personas con discapacidad, contribuyendo esto a la gestión de ochenta y cuatro (84) empleos de diferentes modalidades como son: empleos fijos, empleos temporales y por contrataciones, siendo el personal contratado evaluado en base a sus competencias y habilidades. Además se han coordinado cursos de formación para las personas con discapacidad, garantizando que los mismos sean adaptados y respondan a sus necesidades, a los fines de formarlos para que puedan optar por un empleo digno o conservar el ya posean.
Otros ejes plasmados en el Informe-País presentado ante el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad fueron: Protección Social; participación en la vida política, la vida cultural, las actividades recreativas, el esparcimiento y el deporte; Habilitación y rehabilitación; libertad de expresión y de opinión y acceso a la información; derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad; protección de la integridad personal; protección contra la explotación, la violencia y el abuso; libertad y seguridad de la persona; acceso a la justicia; Tecnología de la Información y Comunicación y niños y niñas con discapacidad.
