WASHINGTON.- La República Dominicana solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) que le permita acogerse al Mecanismo de Integración de Comercio (TIM, en inglés) lo que la ayudaría paliar los posibles efectos negativos por la eliminación del sistema de cuotas textiles mundiales y, por ese concepto, podría recibir créditos adicionales por US$33.3 millones.

Ayer el FMI puso a disposición de las autoridades dominicanas US$79.8 millones de forma inmediata y aplazó una amortización de deudas anteriores por US$16.6 millones que estaba previsto que República Dominicana pagase.

El FMI informó la aprobación de un acuerdo con República Dominicana por el cual otorgará préstamos a este país por US$665 millones hasta mayo de 2007, según un cable distribuido ayer por la agencia noticiosa española EFE.

República Dominicana, así como México y América Central, temen que con la eliminación del sistema de cuotas textiles el pasado primero de enero, China aumente sus ventas en el mercado de Estados Unidos y desplace la ropa producida en Latinoamérica.

El acuerdo de República Dominicana con el Fondo establece metas cuantitativas y plazos para la aplicación de ciertas reformas.

«Una política fiscal restrictiva y las reformas institucionales en el sector público son el corazón del programa (crediticio), que contempla un aumento en el superávit fiscal primario hasta un nivel que permita la reducción gradual a medio plazo de la carga de la deuda pública», señaló Agustín Carstens, subdirector gerente del FMI, en un comunicado.

Específicamente, la República Dominicana se comprometió a reducir el déficit del sector público no financiero del 2.7% del Producto Interno Bruto (PIB) que registró el año pasado al 0.7% este año y a lograr un superávit del 0.7% en 2006.

Además, «el objetivo de la política monetaria será reducir la inflación a un solo dígito en 2006 con un régimen cambiario libre», señaló Carstens.

Los precios aumentaron 29% en 2004 y, según el plan, deberán terminar este año con incrementos de entre 11% y 13% y en 2006 el 8%.

Además, el gobierno se comprometió a aumentar la independencia de los reguladores financieros que a su vez deberán ser supervisados más estrechamente.

El sector bancario, que en 2003 desencadenó la crisis económica de la cual el país intenta aún salir, es también una parte importante del programa con el FMI.

Las autoridades dominicanas han prometido supervisar mejor al sector y asegurarse de que los bancos se ajustan progresivamente a normas más estrictas sobre el cálculo de sus recursos, la estimación de los riesgos y la contabilidad.

Así, los bancos tendrán que presentar semestralmente planes de negocios de varios años «para demostrar su solvencia y viabilidad», según el FMI.

Otro problema son los frecuentes cortes de energía eléctrica. El programa con el Fondo pretende estabilizar su suministro mediante la adopción de medidas «decisivas» para reducir las pérdidas de las empresas e incrementar la recaudación, aunque no explica exactamente cuáles serán.

«La estrategia es conseguir una reducción rápida y drástica del déficit del sector, al tiempo que se introducen reformas que garanticen su viabilidad a medio plazo», según Carstens.

Con ello, el gobierno podrá disminuir «sustancialmente» sus ayudas al sector y dedicar los fondos a aumentar el gasto social para mitigar los efectos de la crisis, según el FMI.

El acuerdo anunciado hoy sustituye a otro firmado entre el FMI y República Dominicana en agosto de 2003, cuando el país sufría una crisis debido a la quiebra de tres bancos, entre ellos el Baninter (Banco Intercontinental), el mayor del país en ese momento.

El acuerdo quedó interrumpido poco después, cuando el gobierno anterior, presidido por Hipólito Mejía, compró, sin consultar al organismo, el 50% de las acciones que en las distribuidoras del Norte (Edenorte) y del Sur (Edesur) tenía la compañía de electricidad española Unión Fenosa. La otra mitad de esas empresas era del Estado dominicano.

El FMI afirmó hoy que el anterior gobierno le comunicó datos con errores «de gran tamaño» sobre su déficit en 2003.

«El consejo ejecutivo lamentó que el país no informase de los datos correctos, lo que fue resultado de debilidades administrativas en la gestión de los gastos públicos», señaló el FMI en su comunicado.