A los menores de edad que entran en conflicto con la ley en Chile no les va tan bien como en República Dominicana que es uno de los países de América Latina que castiga como máximo a 3 y 5 años de cárcel a los homicidas adolescentes, sin importar  a cuántos victimaron. En Chile pueden ser castigados a una pena máxima de 16 años.

En el país unos critican la falta de severidad; pero otros entendidos en la materia consideran que la solución al problema de la delincuencia precoz no se resuelve con castigos sino con  prevención… como en Chile.

República Dominicana, al igual que varios países de América Latina, mantiene  penas de 3 a 5 años para los menores que cometen delitos sin importar la cantidad de víctimas que ocasionen, contrario a Chile, que impone condena máxima de hasta 16 años contra los menores en conflicto con la ley.

Empero, Chile es una de las naciones que menos condenas pronuncia contra menores, debido a que mantiene uno de los más exitosos programas de prevención a favor de esta población.

Entidades como la Fundación Justicia y Transparencia plantean la necesidad de aumentar las penas a los menores que participan en homicidios; igual criterio tiene el fiscal de la provincia Santo Domingo, Perfecto Acosta, quien opina que se necesitarían más años para la reeducación del menor privado de libertad.

Por el contrario, Francisco Pérez Lora es de los jueces de la jurisdicción de menores en el Distrito Nacional que entienden que la solución del problema no radica en la cantidad de años para los menores en conflicto con la ley, sino en la aplicación de las políticas dirigidas a su protección, comenzando por el Estado, la familia, la escuela y la sociedad.

La duración máxima de la sanción privativa de libertad a los menores varía en los países ubicados en América Central y América del Sur, lo mismo que en Norteamérica y Europa.

El experto en Criminología y director del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (ILANUD), Elías Carranza; y Rita Maxera, miembro del programa Justicia Penal Juvenil y Derechos Humanos del ILANUD, reseñan la forma en que son sancionados los menores en 14 países del Sur, Centroamérica y el Caribe.  República Dominicana está en la franja  de países que aplica penas  de 3 años de los 13 a los 15 años y de 5 años para  los de 15 a 18.

En Bolivia para a los menores de 12 a 14 años la pena es de 3 años y de  los 14 a 16 se la eleva a 5. En Brasil el castigo es de 3. Costa Rica aplica 10 para los menores entre 12 a 15 años, mientras que para  los que están entre los 15 y 18 es de 15.

Ecuador se clasifica entre los países con sanciones más benignas para los menores, al imponer penas de 4 años como máximo a los que son mayores de 14.

El Salvador presenta una categoría diferente, al asignar 5 años de pena a los  que tienen entre 12 a 16 años y establecer que quienes se encuentran en la franja de 16 a 18, la pena es la mitad de la dispuesta en  el código penal para los adultos, pero nunca podrá exceder  de 7 años. Honduras y Paraguay instituyeron 8 años para  los menores infractores.

Característica del nuevo sistema.  El argentino Carranza sostiene que el actual modelo de justicia juvenil reconoce que los niños, las niñas y los adolescentes son sujetos de derecho en etapa de desarrollo, de ahí que, a diferencia de los adultos, van adquiriendo responsabilidades jurídicas a  partir de determinada edad.

Carranza explica que el sistema distingue los casos de delito o infracción a la ley penal, de otros casos y situaciones sociales no penales, a los que las legislaciones del modelo tutelar daban la misma respuesta o similar.

“Las nuevas legislaciones establecen que los casos sociales no penales tendrán una respuesta administrativa por medio de los ministerios de la Infancia, de Bienestar Social, de Educació, u otros, y que de los asuntos penales se hará cargo la justicia penal especializada”. 

Carranza  y  Maxera

Código de Niñez y Adolescencia

Los expertos indican que antes de la Convención sobre los derechos  de la niñez  se implementaban sistemas llamados “tutelares” y esta población era considerada inimputable. Por  tanto, no susceptibles de sanciones.  Se pensaba que estaban  en situaciones irregulares, por cometer un delito, o por situaciones de peligro moral o material. Afirman que a partir de la nueva legislación estableció  modelos de justicia para someterlos a un régimen de justicia especializado.

Pena diminuta

Guatemala entra en el grupo de los países con castigos menos severos para  los menores en conflicto con la ley, al fijar 2 años de sanción, pero sólo para los  que estén entre los 12 y 15 años; sin embargo, incrementa la pena a 6 cuando se trata de menores  de 15 a 18 años.

Nicaragua fijó la pena en 6 años para todos los menores. En Panamá la pena es de 7 años para todos los que cometan homicidio doloso, tráfico de drogas y violación sexual. Este país aumentó la pena de los menores en el  2003, cuando era de cinco años. En Venezuela, los tribunales que fallan casos de menores  acogen 2 años para los infractores entre 12 y 14:  y 5 años para la franja de 14 a 18 años.

España

Este es el único país europeo considerado en esta lista y figura con pena de 2 años para los que están entre 14 y 16 y sanciones de 5 años para los de 16 a 18 años. A los adolescentes condenados en España por delito de terrorismo se les aumenta la pena a un máximo de 8 años, según la  reforma penal.

Opinión  investigadores

En su trabajo conjunto titulado “La Justicia Penal de Menores de Edad en los Países de América Latina”, Carranza y Maxera indican que la justicia penal de menores  en los países de América Latina se dividió en la Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, de 1989.