La reciente entrega como “compensación” por retiro, de cientos de RD$ millones a funcionarios del Banco Central que continuarán en funciones, algunos la habían recibido en el 2000, y la atribución a los 13 miembros del Tribunal Constitucional de la friolera de US$65 mil para Jeepetas, más de ochocientos mil dólares, “regalos” del expresidente Fernández poco antes de su salida, “verdaderas gangas”, de acuerdo a su flamante presidente, son indicadores de la prepotencia, la alienación y la profunda corrupción que afecta al Estado dominicano.

Si a ello agregamos la frustrante ley sobre salarios estatales, que en la práctica lo que hace es asegurarle a  los altos funcionarios que  no están “pegados”, altas remuneraciones, sin tocar los “cofrecitos” y “barrilitos”, dejando fuera a todos los empleados civiles y militares de a pie  que son los que necesitan real protección, y las deudas astronómicas que se añadieron en los gobiernos del PLD durante los últimos  ocho años tenemos una muestra del problema.

Lo cierto es que los dominicanos hemos experimentado un deterioro constante en la calidad de vida, debido a los abusos, la exclusión de los menos favorecidos, la delincuencia y las asociaciones  de  malhechores encabezadas por altos oficiales y funcionarios, el robo generalizado, despilfarro,  el virtual abandono de los servicios públicos y el cohecho y otras fechorías que han dejado  desamparados a los ciudadanos  que ya no saben qué hacer, mientras otros caen en actividades ilegales para sobrevivir. El virtual asalto de los poderes públicos por el partido  gobernante, el cohecho manifestado en la estafa de la minera Barrick Gold y otras, en Pueblo Viejo y Loma Miranda y la “zona franca” en que se ha convertido el país para el consumo y tráfico de drogas, armas y personas indebidas con la mayor impunidad, nos expresan que estamos en presencia de toda una cultura cleptocrática de irrespeto a las instituciones y deshonestidad en el uso de los recursos y el poder del Estado, que nos llevan inexorablemente a un Estado fallido de imprevisibles consecuencias.

El gobierno de Danilo Medina, frente  a la magnitud de los problemas heredados de la gestión de Leonel Fernández, no tiene otro camino que emprender el camino a la recuperación moral y funcional de los poderes públicos, con la participación de todos los sectores nacionales.

Es hora ya de que todos los ciudadanos de buena voluntad, las universidades, iglesias, intelectuales, gremios y organizaciones voluntarias hagan un frente común para detener y revertir el deterioro moral y material de nuestra sociedad y que nos dediquemos a educar, supervisar y controlar el desenvolvimiento de los barrios, campos y fuerzas productivas, a fin de reducir nuestras abismales diferencias sociales, a través del ejercicio responsable de nuestros roles en la vida pública y privada.

De lo contrario, en poco tiempo lo que queda de este país, incluyendo sus riquezas naturales, sus atractivos turísticos y fuerzas productivas se verán reducidos drásticamente con todas sus consecuencias.