Madrid, España.- El Canciller Carlos Morales Troncoso dijo ayer  aquí que República Dominicana ha decidido ser parte de la solución que la comunidad internacional quiere aportar para que Haití pueda superar su crisis, pero advirtió que no cederá sus derechos soberanos en materia migratoria.

Rechazó las acusaciones de discriminación y maltratos a los inmigrantes haitianos que hacen algunos organismos internacionales a la República Dominicana. El Canciller expuso la postura del gobierno de su país al  intervenir en la Conferencia Internacional para el Desarrollo Económico y Social de Haití.

 Morales Troncoso expuso la urgente necesidad de que los grupos de países y organismos donantes agilicen los desembolsos de los fondos de ayuda para la vecina nación y dijo que éstos no han cumplido con las asignaciones comprometidas.

 Morales Troncoso sostuvo que el país  «ha decidido ser parte de la solución que el entorno internacional ha expresado que quiere aportar para que Haití pueda superar la crisis crónica que le afecta de manera tan adversa como prolongada».

Agregó que «en toda nuestra colaboración sólo tenemos una reserva: no podemos renunciar a la soberanía nacional ni considerar la abolición del estado dominicano. Eso no está ni se contempla que deba estar en la agenda nacional, y debe estar claro y entendido, ahora y para siempre».

Aclaró que hace la advertencia  «ante la insistencia reiterada de organizaciones y personas que pretenden que olvidemos y soslayemos la observación y cumplimiento de nuestras propias leyes en el manejo de la inmigración ilegal que nos llega masivamente desde Haití».

Argumentó que República Dominicana ha participado en todos los espacios en los que se ha abordado el tema de la situación haitiana como evidencia de su preocupación por la vecina nación.

«Lo hemos hecho por solidaridad y por necesidad  -añadió-  porque una perpetuación del deterioro de esa situación o un colapso institucional de Haití, amenazaría la viabilidad del propio Estado dominicano».

Sostuvo que «en la conducción cotidiana de las relaciones con Haití, en el terreno de los hechos, el manejo que hace el gobierno dominicano a través de la cancillería y otras agencias del Estado, sobre todo las vinculadas a la migración, prevalece un trato considerado, respetuoso de las personas y de sus derechos»

«Pero nadie ignora o puede pretender ignorar que el manejo de la inmigración ilegal de grandes contingentes de población genera en el país receptor un grupo de población vulnerable, sujeto a denegación parcial y ocasional – más o menos severa – de sus derechos, de sus oportunidades y sus aspiraciones, independientemente de la época o del país a que se haga referencia», dijo.

Expresó que el gobierno dominicano procura a toda costa ser justos y actuar conforme al derecho.

«En la república dominicana no se motiva ni se propicia la discriminación ni el maltrato de los inmigrantes ilegales, aunque se nos acuse a pueblo y gobierno de ser discriminatorios o esclavistas; unas acusaciones que solamente existen en la mente calenturienta de quienes han hecho un negocio de la supuesta defensa de los derechos humanos».

Enfatizó que «sugerir que desconozcamos nuestras leyes y nuestra constitución es pedirnos renunciar a nuestra soberanía y renunciar al Estado de Derecho que tenemos como aspiración permanente desde la fundación de la república».

«Rechazamos absolutamente las acusaciones infundadas de discriminación, esclavitud y maltrato que le hacen a nuestro país algunas organizaciones no gubernamentales interesadas en el caso dominico-haitiano; las rechazamos por falsas, por mal fundadas, y las rechazamos por estar basadas en arbitrarias interpretaciones de la realidad».

Explicó que a pesar de la opinión adversas de eses ONG, de alguna prensa y de algunas autoridades haitianas República Dominicana contribuye a aliviar la carga de la crisis del vecino país a través del acceso al mercado de trabajo de sus nacionales, los aportes en servicios públicos de salud, constituyendo los haitianos el 99 por ciento de los extranjeros atendidos en hospitales públicos, y otros servicios de los cuales se benefician.

En cuanto a los compromisos asumidos por la Comunidad Internacional, especialmente el grupo de países donantes principales, para contribuir a estabilización y reconstrucción de Haití dijo que «no se ha cumplido con la asignación de recursos ni en la cantidad ni en el tiempo previsto».

«Siempre hemos oído mejores excusas para explicar la falta de desempeño que para justificar la tardanza en hacer las erogaciones para la ejecución de proyectos que incidan en la creación de empleos, en la recuperación de la esperanza de un pueblo en su autosostenibilidad y en la recuperación de la paz y la seguridad pública», agregó.

Dijo que para justificar esta falta de cumplimiento se ha  reiterado que en Haití no existen las capacidades institucionales para la gerencia de los proyectos públicos con los recursos que pudieran aportar los países donantes.

«Si ese es un obstáculo que retrasa la erogación de los fondos ofertados, queremos decirles que esa es una situación superable, sin mayores dificultades. Proponemos que terceros países, como sería el caso de República Dominicana, aporten el personal profesional y gerencial con el conocimiento requerido»,  planteó el funcionario

Propuso que Haití formalice la solicitud de asignación de fondos al país donante, y que el personal proveniente de esos terceros países se responsabilice con la realización de los proyectos, asumiendo la gerencia administrativa, financiera y de recursos humanos. Ese modelo podría romper el estancamiento en el flujo de capital para reforzar la recuperación de Haití.