El sistema de educación público en República Dominicana registra 668 estudiantes que han presentado pensamientos acerca de la voluntad de quitarse la vida en lo que va del año escolar 2022-2023, mientras que 289 ya lo han intentado.
De acuerdo a datos del Ministerio de Educación, ofrecidos a través de una nota de prensa, otros 875 alumnos se infringen autolesiones, y se han producido 24.686 hechos de violencia entre estudiantes. Además, se atendieron 2.105 conflictos entre alumnos y docentes y 27 hechos de violencia entre los profesores.
Asimismo, reportó 399 casos de «situaciones de acoso y/o abuso sexual» en las escuelas, así como 316 las veces en las que se han presentado situaciones «evidenciadas» de «uso y/o difusión de material pornográfico» por parte de estudiantes dentro de los planteles.
Se han reportado 1.011 situaciones de acoso escolar a través de las redes sociales, mientras 18.428 estudiantes han necesitado apoyo para lograr una «autoestima equilibrada».
Se han atendido 331 situaciones asociadas al consumo de alcohol y 363 a sustancias como el tabaco, la marihuana y otras drogas.
De igual forma, hace referencia a estudiantes que en su centro educativo han sido víctimas de explotación para «cualquier actividad» como prostitución, servidumbre, trabajo forzado, abuso de poder o explotación sexual.
Educación añade que hay 1.422 estudiantes embarazadas, de las que 113 lo están a causa de violación y otras 30 por incesto.
Hay 4.059 estudiantes en uniones tempranas, 3.697 que ya son madres y 1.440 padres.
Código de Ética
El Ministerio de Educación dio a conocer el pasado lunes la creación de un Código de Ética, el cual está dirigido a «regularizar» las relaciones entre el personal y administrativo con los estudiantes.
El mismo establece, en ese sentido, que ningún docente o personal administrativo puede relacionarse con los escolares en horario de recreo para tratar temas personales, salvo que se requiera alguna intervención o acompañamiento concreto, en beneficio de la salud integral del educando.
Además prohíbe a docentes y administrativos acciones violentas de cualquier índole contra los estudiantes; no admite por parte del docente el uso de calificativos que inciten a la discriminación contra el escolar; y prohíbe cualquier tipo de acoso y de soborno.
También impide que los maestros y personal de la escuela utilicen los horarios de clases o el centro educativo para desarrollar discursos políticos, religiosos, comerciales, de sexualidad o tratar temas personales con los estudiantes.
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