En República Dominicana se registra un promedio mensual de 30,000 intentos de ciberataques, cifra que a pesar de que es menor que en otros países de la región representa un gran reto, por lo que urge la aprobación del proyecto de modificación de la Ley 57-07 sobre Delitos y Crímenes de Alta Tecnología, el cual fue retirado de la Cámara de Diputados por el Poder Ejecutivo para su revisión.

Durante su participación como expositores en el seminario “Ciberseguridad: panorama global y amenazas locales”, Claudio Peguero, asesor en Asuntos Cibernéticos de la Policía Nacional; Esther Agelán Casasnovas, magistrada; Fabiola Herrera, subgerente de Sistemas e Innovación Tecnológica del Banco Central; Andrés Rodríguez, coordinador técnico Departamento Sistema de Pago del Banco Central, y César Novo, presidente del capítulo ISACA República Dominicana, destacaron que la ciberseguridad representa un gran reto, debido a que en la medida que avanza la tecnología, así también lo hacen las maneras para cometer ataques cibernéticos.

Los también integrantes del Comité Técnico del Consejo Nacional de Ciberseguridad coincidieron en expresar que en el país se han registrado importantes pasos de avances en materia de ciberseguridad, no obstante se requiere de un marco jurídico más moderno para combatir los ciberdelitos, que están más a la orden del día, debido al crecimiento de la digitalización.

Afirmaron que en el país se mantiene una monitorización constante en el ciberespacio para evitar que intrusos violen la seguridad Estatal.

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Sin embargo, ante los incrementos de casos y la aparición de nuevos ciberdelitos, indicaron que cada día se hace necesario actualizar el marco regulatorio con la modificación de las leyes 53-07 y 172-13 de la Protección de Datos para robustecer las normativas vigentes, las cuales permitan tipificar las nuevas figuras del ciberdelito como el crooming (acercamiento de adulto a un menor con intenciones de abuso sexual), seting, (la transmisión de imágenes no consentida) y el ciberacoso.

Dentro de los aspectos que contempla el proyecto de modificación de la Ley 53-08 están la potestad sancionadora, infracciones administrativas, sanciones sobre operadores del Estado. También acciones de prevención y gestión de incidentes, manejo de la comunicación de incidente, divulgación responsable de vulnerabilidades

Designación como infraestructura crítica, auditorías de ciberseguridad y evaluaciones de riesgo, ejercicios de ciberseguridad.