Los embates del cambio climático, traducidos en desastres naturales y fuertes sequías, deben enfrentarse de inmediato, con criterios de planificación a corto y mediano plazo, en cuyo esquema deben estar presentes la reforestación de las principales cuencas hidrográficas, aumento de los embalses de agua, limpieza de los sedimentos de las presas, y la aprobación de la Ley de Agua sin encubiertos matices privatizadores.

La propuesta es del geólogo Osiris de León, quien afirma que, si el Estado dominicano acoge ese modelo, el país podría salir menos lesionado de los desafíos que impone el cambio climático en el contexto socioeconómico.

“Cuando administremos bien las cuencas hidrográficas, que estén bien reforestadas, sin ganadería ni agricultura de alta montaña y, al mismo tiempo, tengamos un comité de administración de cada cuenca y se exija que el 10% de los beneficios económicos que aportan las hidroeléctricas sean reinvertidos en programas de reforestación, entonces podremos salir bien de los desafíos que nos presenta el cambio climático”, refirió.

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Con relación a la capacidad de almacenamiento de agua que se requiere para aprovechar los períodos de tormentas y huracanes, hace falta construir nuevas presas, pero, sobre todo, eliminar los sedimentos acumulados por más de 40 años en las existentes.

“El país tiene 34 presas en servicio, aunque casi todas están sedimentadas entre un 30% y un 40%. Hay dos en construcción, que son Monte Grande y Guayubín, y hay diez en proceso de estudio que son Alto Yuna, en Bonao; La Gina, en Baní; Joca, en Pedro Santana; El Corte y Dos Bocas, sobre el río Artibonito; Haina, en Pedro Brand; y tres pequeñas represas en los ríos Bao, Las Placetas y Jagua, en San José de las Matas”, explicó.

Presas sedimentadas

De León explicó que las principales presas en servicio que requieren un urgente dragado son Hatillo, Sabana Yegua, el complejo Tavera-Bao, y el complejo Jigüey-Aguacate-Valdesia-Las Barías.
Resaltó que la mayor parte de los sedimentos entraron durante los huracanes David (1979) y George (1998), y durante las tormentas Noel y Olga (2007).

En ese sentido, planteó que esos embalses han perdido una capacidad de almacenamiento de un 30% en promedio, y que ese espacio está ocupado por sedimentos como grava, arena, arcilla y limo.

Según sus explicaciones, el Gobierno debería proponerle a las empresas de extracción de agregados, que saquen esos materiales de las presas y que los destinen a la industria de la construcción.

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Distribución equitativa

En el contexto de las dificultades que genera elcambio climático, De León consideró que el país no se puede dar el lujo de demorar por más tiempo la aprobación de la Ley de Agua.

“No bajo el esquema filosófico de la privatización, que está contenido de forma discreta, pero que al leerlo se nota claramente, sino bajo el esquema de la correcta administración exclusiva por parte del Estado, consignando textualmente que se permita el trasvase de agua de una cuenca que tiene abundancia, hacia otra que tenga escasez”.

El experto hace la salvedad, porque las zonas de Villa Altagracia, Piedra Blanca, Bonao y La Vega, tienen una pluviometría de 3,000 milímetros de lluvia por cada metro cuadrado, anualmente.

Pero en la Línea Noroeste: Villa Vázquez, Montecristi y Castañuelas, apenas se producen 300 y 400 milimetros de lluvia por cada metro cuadrado, expresó el experto.

“Quiere decir que, en la Línea Noroeste apenas cae entre un 12% y un 15% de la lluvia que cae en Bonao y en Villa Altagracia”.

“Eso implica que el Estado tiene que planificar cómo trasvasar agua desde la cuenca de Villa Altagracia y Bonao, donde sobra agua y se pierde en el océano Atlántico, a través de la Bahía de Samaná, vía el río Yuna; mientras, en la Línea Noroeste la ganadería y la agricultura languidecen por falta de agua”, dijo.

El trasvase de agua se hace mediante canales de riego y túneles, refirió.