Hoy 
Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, director ejecutivo de Casa Abierta.
Casa Abierta señala que la mayoría de las organizaciones que ofrecen tratamiento se encuentran camino hacia una muerte lenta, “asfixiadas” por falta de recursos
A propósito de conmemorarse hoy, el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, el director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, considera que el país se encuentra no solo estancando, sino que está retrocediendo.
Para sustentar su argumento, explicó que la mayoría de las organizaciones sociales que ofrecen tratamiento residencial están camino a una muerte lenta, “asfixiadas” por la falta de recursos.
Según dijo, desde que el Consejo Nacional de Drogas (CND) fue retirado de la presidencia del Comité contra el Lavado de Activos, la entrega de los recursos de la ley 155-17, se fue disminuyendo, hasta desaparecer totalmente.
En los casi 3 años del presente Gobierno, contra toda expectativa y gestiones al más alto nivel, todo ha quedado en promesas y palabras de simpatía, agregó el director ejecutivo de Casa Abierta.
Violación
Inexplicablemente, añadió, la Procuraduría General de la República, no ha cumplido con la ley ni en una sola ocasión, cuando en administraciones anteriores el promedio era de 3 entregas por año.
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Esto la única explicación que tiene es la falta de voluntad y el desprecio por las personas que sufren adicciones y sus familias”, precisó de la Rosa Hidalgo.
El profesional de la sicología, considera oportuna la fecha para insistir en demandar un cambio en las políticas públicas sobre drogas.
Desde su óptica, las políticas actuales, son contrarias a una sociedad respetuosa de los derechos y la dignidad de las personas, y sólo siguen produciendo consecuencias indeseables. “Es tiempo de definir un nuevo rumbo, para dejar atrás años de atrasos”, acotó.
El director ejecutivo de Casa Abierta, Juan Raddamés de la Rosa Hidalgo, propone una reflexión sincera de parte de la sociedad en general, pero en especial de las autoridades, responsables directos de las políticas públicas sobre drogas.
Ley desfasada
Sobre la legislación que rige la materia, explicó que en el país continua vigente, desde hace 35 años, una ley totalmente desfasada de las perspectivas humanas, y científicas.
La ley 50-88, es un instrumento estrictamente represivo, cuando hoy en todos los foros científicos se recomienda no reprimir al usuario de drogas, y dar atención compasiva y de salud, a las personas que sufren las adicciones, agregó el especialista.
Dijo que mientras en otras naciones se han dado pasos para no criminalizar a las personas usuarias, desarrollar estrategias de reducción de riesgos y daños, y legislar para regular el uso de cannabis medicinal, en el país se sigue acríticamente con la mal llamada “guerra contra las drogas”, que es en realidad contra las personas más vulnerables, y que ha resultado peor que la misma droga que se dice combatir.
“Las autoridades incumplen su propio compromiso, de promover un amplio diálogo nacional para fijar posición sobre el cuestionamiento de las premisas subyacentes del paradigma de la política de fiscalización internacional, y la necesidad de enfoques alternativos”, puntualizó.
El especialista agregó que después de casi 3 años, siguen esperando ese diálogo.
